Opinión
Venezuela debe promover las asociaciones público-privadas

Mauricio R. Pernía-Reyes *

El modelo económico de Venezuela se caracteriza por un marcado intervencionismo estatal. Esta orientación se manifiesta en la gestión y construcción de numerosos servicios públicos e infraestructuras por parte del Estado, sectores que actualmente enfrentan dificultades estructurales como interrupciones en el suministro eléctrico, deficiencias en los acueductos, deterioro vial, sistemas de salud y educación en retroceso, y extracción ilícita de minerales, entre otros desafíos. Históricamente, el Estado ha asumido la provisión exclusiva —y en ocasiones, además, excluyente— de estos bienes esenciales; sin embargo, las restricciones fiscales, presupuestarias y operativas han puesto en evidencia los límites de este enfoque.

La promoción y creación de una legislación sobre asociaciones público-privadas (APP), junto con políticas públicas complementarias, resultan relevantes y pertinentes. Las APP constituyen acuerdos contractuales entre el sector público y el sector privado para la prestación de servicios públicos o el desarrollo de infraestructuras. En este esquema, el Estado delega determinadas responsabilidades, como la construcción, operación y mantenimiento de carreteras, hospitales o redes eléctricas, al sector privado, bajo objetivos y riesgos compartidos. El sector privado contribuye con capital, tecnología y eficiencia, mientras que el Estado puede conservar el control estratégico y se orienta hacia un sistema regulatorio, cuando no se opte por la privatización total del servicio.

Las políticas públicas complementarias resultan fundamentales: se propone la creación de un fondo soberano destinado a alianzas público-privadas (APP), financiado mediante regalías petroleras y mineras; el establecimiento de incentivos fiscales sujetos a resultados en impacto social, como la generación de empleo local y la fijación de tarifas asequibles; así como la implementación de mecanismos de fiscalización independientes, que incluyan veeduría ciudadana, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.

La colaboración en estos modelos constituye el eje central que articula los objetivos del sector público con la experiencia, eficiencia e innovación aportadas por el sector privado. Este enfoque incluye igualmente la participación de universidades, gremios empresariales y profesionales, el sistema financiero y la opinión pública, con el fin de facilitar la provisión de obras públicas en forma más ágil y numerosa. Para la provincia venezolana, este modelo reviste especial importancia, pues permite que empresas y universidades locales identifiquen, fundamenten y propongan la ejecución de infraestructuras con criterios técnicos y estratégicos más definidos de los que puede ofrecer únicamente la Administración Central.

En este sentido, impulsar la creación de legislación y políticas públicas orientadas al desarrollo de proyectos de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, provisión de equipamientos y bienes, así como a la explotación, operación y financiamiento de infraestructura, actividades y servicios, es básica para fomentar la inversión productiva, la investigación aplicada y la innovación. Estas acciones generan un entorno propicio para la colaboración público-privada, permitiendo que las personas presenten propuestas para llevar a cabo dichas actividades, mientras que el Estado procede a la contratación bajo esquemas de participación público-privada, redefiniendo el modelo tradicional de contratación pública en el cual exclusivamente el Estado determina las obras, servicios y suministros a contratar.

La construcción de la sociedad implica la voluntad e iniciativa de todos, sector público, privado y sociedad civil. En siguientes entregas se expondrán las características de las APP y las modalidades que pueden ser de mayor provecho para los desafíos de crecimiento en Venezuela.

*Profesor Universitario

Miembro directivo de la Corporación para el Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEDE)