Al cumplirse un año de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y del asesinato de Julio Valerio García en un centro electoral de la localidad de Patiecitos, municipio Guásimos del estado Táchira, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) aceptó investigar este hecho, según informó este martes 29 de julio el presidente de la Fundación El Amparo Internacional y defensor de derechos humanos, Walter Márquez.

“Ayer se cumplió un año del asesinato de Julio Valerio García en un centro electoral del municipio Guásimos, en donde resultó herido también su padre, Valerio García, por grupos paraestatales de colectivos armados. Por casualidad ayer mismo, a un año de las elecciones presidenciales, a este caso le dieron entrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ante la impunidad reinante en Venezuela”, expresó.

Márquez también informó que los casos de Ricardo Albacete, el empresario que recibió a María Corina Machado en su casa en Táchira y posteriormente detenido, y del activista Aldo Roso, quien fue vinculado en el mismo caso y ambos imputados por traición a la patria, instigación a delinquir y desmantelamiento de materiales de Corpoelec, también se encuentra en la CIDH.

Recordó el defensor de derechos humanos que en diciembre de 2024 Ricardo Albacete fue puesto en libertad y desterrado a España, desde donde pide justicia: “Este caso también tuvo entrada en la CIDH por una denuncia que se formalizó a través de la Fundación El Amparo Internacional. El caso de Aldo Roso es dramático, porque tiene un estado crítico de salud. Frente a eso ya se introdujeron unas medidas cautelares para que la CIDH se pronuncie y pida al Estado venezolano su libertad o darle condiciones de vida que le permitan superar esta crisis de salud”.

“Saqueo de Gurimetal por la PNB”

En el caso de la empresa de Ricardo Albacete, Gurimetal, Walter Márquez recordó que el 11 de julio de 2024 fueron detenidos 50 trabajadores y desde esa fecha el lugar ha sido saqueado constantemente, por lo que también tiene un expediente y asignado número en la CIDH.

“Persisten los atropellos y el saqueo a la empresa. Hay un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana que estuvo custodiando esa empresa que se llama Daniel Meza, que es el jefe de la banda que está saqueando todavía. Ayer estuvimos en un sitio en Boca de Caneyes en donde habían trasladado maquinaria de Gurimetal y ya la habían vendido. También se han llevado cifras millonarias en sacapuntas e implementos de carácter educativo que los han trasladado a Paramillo y a otros lugares. Exhorto al Gobernador del estado, quien en varias ruedas de prensa ha dicho que ha desmantelado bandas criminales en Táchira, para que ordene que se desmantele esa banda de la Policía Nacional Bolivariana que tiene la custodia de esos bienes, ordenada por un tribunal de Caracas, y más bien se han dedicado a saquearla”.

El defensor de derechos humanos exhortó también a la Fiscal Superior del estado para que actúe de oficio, así como a los directores de la PNB y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para que ordenen la detención inmediata del PNB Daniel Meza, por el saqueo de Gurimetal.