sábado 23 octubre, 2021
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“Códigos otorgados para pasar contrabando desde Colombia están desfalcando a la nación”

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Uno de los documentos entregados por Chacón.

Un daño irreversible al patrimonio público nacional se está generando por el paso de mercancías a través de las llamadas trochas o pasos ilegales entre el estado Táchira y la República de Colombia, denunció el exconcejal y dirigente municipal de Primero Justicia en el municipio Bolívar, Carlos Chacón.

El dirigente político Carlos Chacón, se refiere al daño al patrimonio público ocasionado por el ingreso de productos desde Colombia a Venezuela por vías ilegales.  “Es preciso conocer primero la dinámica y luego los números que se reflejan en los presupuestos de ingresos municipales, que se han visto reducidos por la evasión de impuestos ante el Seniat, en razón de lo que llaman importaciones menores, y cotejarlos con la realidad que se ve y vive con el constante paso de los vehículos de carga repletos de mercancías que desde Colombia ingresan a Venezuela por pasos ilegales”.

“Desde hace años venimos denunciando y visualizando este grave problema y nada ha cambiado; al contrario, cada día aumenta la ilegalidad y se hace más visible”, dijo el exconcejal del municipio fronterizo con Colombia, Carlos Chacón, mediante boletín de prensa.

En el año 2016, dijo el también dirigente de Primero Justicia, se empezó a hacer un exhaustivo seguimiento de la situación irregular que se registraba en los pasos ilegales y las respectivas denuncias a través de los canales regulares.

“Hicimos las denuncias correspondientes ante la fiscalía y también solicitamos las declaraciones únicas de aduana en períodos donde se mantenían cerrados los puentes internacionales, la única vía legal para el paso de mercancías internacionales entre Venezuela y Colombia”, agregó.

La denuncia de Chacón nunca obtuvo una respuesta de los organismos públicos involucrados en las operaciones aduaneras (Seniat, Aduana Principal de San Antonio); tampoco se adelantó ninguna investigación por parte del Ministerio Público, a pesar de que cada día (2016) se observaban camiones de carga pesada provenientes de Colombia, transportando mercancías para luego ser distribuidas al mayor y detal en los comercios, incluyendo una feria que instaló el exgobernador José Gregorio Vielma Mora en el Pabellón Colombia del Complejo Ferial, denunció el dirigente político.

Organismos

En cuanto a la dinámica actual del “negocio del contrabando”, Chacón dio a conocer una nueva dinámica: “a través del llamado Protectorado del Táchira, la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) o la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi), organismos que otorgan un permiso para cruzar de un lado a otro de la frontera las mercancías, acción que fue denunciada meses atrás por la diputada Karim Vera”.

El exconcejal de la frontera precisó que el otorgamiento de permisos o llamados “códigos” tiene un costo, pagadero en efectivo, bien sea en pesos colombianos o dólares, dinero que se le cancela a un contacto predeterminado.

“Se paga entre el 5 % y el 8 % del valor real de la mercancía, reflejado en facturas emitidas desde el proveedor en Colombia; una vez con ese código, se debe dirigir a la sede del Seniat, ubicada en la Aduana de San Antonio, para declarar una operación menor, y desde ahí empieza la evasión y daño patrimonial, porque no reconocen como valor neto gravable ni el 1 % del valor real de la mercancía, y así emitir la planilla de declaración”.

Existen otros pagos, como las cuotas que debe cancelar el vehículo de carga a lo largo del trayecto de movilización y distribución en las conocidas alcabalas, dijo Chacón.

Más evasión

Con el fin de ampliar la dimensión del daño patrimonial que se está generando, Chacón mostró una planilla de liquidación de impuestos a operaciones menores, que ya había sido presentada por la diputada Karim Vera a los medios de comunicación en meses anteriores.

En el documento se refleja un pago total de impuestos de Bs. 104.652.689,43, monto registrado durante el mes de marzo de 2021, asumiendo una tasa de cambio de Bs. 3.000.000,00 por dólar, equivalentes para la fecha a 35 dólares americanos. Si se calcula que los impuestos, aproximadamente, representan el 20 % del valor de la mercancía, dicha mercancía costaría apenas 175 $, explicó el político.

“La realidad es que, en promedio, cada vehículo de carga tiene mercancías valoradas entre 15.000 $ y 20.000 $, que deberían reflejar impuestos nacionales, en promedio, de por lo menos 3.000 $, y si los comparamos con los 175 $ realmente declarados, tenemos una evasión del 95 % de los ingresos”.

En cuanto a los impuestos municipales, la partida presupuestaria referente a los ingresos por concepto de recaudación, según las ventas brutas de los comerciantes en San Antonio del Táchira, durante el año 2020 (la base son las ventas brutas del período 2019), es de Bs. 6.101.205.255,85, equivalentes a 15.000 dólares (considerando un promedio de la fluctuación del dólar respecto al bolívar durante el 2020).

La misma partida presupuestaria, al corte de febrero del 2021, lleva un acumulado de Bs. 6.658.389.445,61, equivalentes a unos 4.500 dólares, aun cuando el periodo de mayor recaudación del año fiscal es justamente enero y febrero, cuentas sacadas por el exconcejal.

En un ejercicio de imaginar cuánto podría generar el municipio  Bolívar en recaudación si las empresas domiciliadas en su ámbito geográfico declararan la venta de mercancías legalmente importadas, el exconcejal precisó: “si la base de recaudación son las ventas brutas y cada factura tiene un valor real de aproximadamente 15.000 $, a lo que se suman los impuestos dejados de percibir por la actividad aduanera y facturados bajo la figura de agenciamientos, transporte y almacenaje, también se tendría una evasión similar al 95 % en cuanto a impuestos municipales”.

Silencio cómplice

A través de declaraciones que han sido difundidas por medios de comunicación locales y nacionales, la gobernadora Laidy Gómez dice tener pruebas de personas y empresas que manejan los “códigos”. La denuncia ha sido pública y en la misma recaen responsabilidades en dirigentes políticos y funcionarios públicos.

“Exhortamos a la gobernadora del Táchira a que formalice las denuncias o por lo menos las visibilice, para poder cotejar con más elementos probatorios este delito», señaló Carlos Chacón.

La pregunta es: “¿A dónde va a parar la cantidad millonaria de recursos evadidos y dejados de percibir por el Fisco nacional y municipal?”.

—La solución a este problema es sencilla, abran los puentes para la legalidad, den paso al comercio formal, que no solo genera ingresos nacionales y municipales, también que genere empleos, reactivándose la actividad aduanera, acción que genera miles de empleos directos con los auxiliares aduaneros y demás empleos indirectos generados por la actividad propia de frontera, hotelería, restaurantes, diversión, señaló Carlos Chacón.

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