Gobernación atiende afectaciones por las fuertes lluvias en Táchira
23 de noviembre de 2024
Favio Hernández
Ante la expansión del contagio de COVID-19 en la ciudad, el Concejo Municipal Bolivariano de San Cristóbal dictó medidas de seguridad y prevención para el sector comercial priorizado, como estrategia para seguir laborando y evitar la propagación de la pandemia.
Entre las medidas a cumplir resalta el uso de caretas plásticas para propietarios y empleados, así como también la disposición del termómetro infrarrojo, las cuales se suman a las ya acostumbradas mascarillas y gel antibacterial.
Así lo dio a conocer el presidente de la cámara municipal, Javier Flores Olarte, quien a través de una rueda de prensa realizada esta mañana en la sede del concejo, resaltó que estas normativas son de carácter obligatorio, y que el desacato a las mismas podrían acarrear sanciones penales.
La cámara municipal dio un lapso de 72 horas para que todo los comercios estén apegados a la normativa, abarcando las cinco parroquias sancristobalenses, convirtiendo a la capital del estado Táchira en la primera ciudad del país en adoptar esta medida.
El concejal destacó que al porte de caretas plásticas se sumará, con estricta obligatoriedad, el uso del termómetro infrarrojo en la entrada de los establecimientos, con la finalidad de descartar una posible temperatura corporal elevada en los usuarios que van a realizar compras o solicitar servicios.
Explicó que luego de evaluar la temperatura corporal de los clientes se les procederá a desinfectar las manos con gel antibacterial a base de alcohol al 60%, el cual deberá estar dispuesto estratégicamente por los propietarios del lugar en un dispensador, al mismo tiempo en que se les desinfectará la suela de los zapatos.
Cabe destacar que serán los organismos de seguridad del estado y el municipio los encargados de supervisar el cumplimiento de estas medidas, por lo que estarán en constante patrullaje.
Aunque esta medida va dirigida, de momento, a los comerciantes priorizados, el dirigente político aclaró que una vez entrado en semana de flexibilización, los comerciantes autorizados para laborar deberán también apegarse a este dictamen.
Sanciones
Flores Olarte dejó claro que el incumplimiento a estas normativas acarrearán sanciones, e incluso penales.
Tomando en cuenta la suspensión del cobro de impuestos, el titular de la cámara municipal contempló a la ejecución de donaciones de equipos y materiales de bioseguridad para los centros hospitalarios centinelas, personal médico y enfermero y Puntos de Atención Social e Integral (PASI), donde se atienden connacionales con casos positivos de COVID 19.
Fiesteros serán llevados al Ministerio Público
Por su parte, el comisario Rivera Torres, representante del gabinete de seguridad del Protectorado del Táchira, anunció que quienes sean sorprendidos participando en reuniones sociales serán aprehendidos y puestos a órdenes del Ministerio Público, ente que evaluará la gravedad de la falta y decidirá sanciones pertinentes.
Lamentó que durante los últimos fines de semana se hayan incrementado este tipo de reuniones en las que se violentan toda medida preventiva, como el distanciamiento social, entre otras, e instó a la colectividad a denunciar cualquier aglomeración de personas en residencias y apartamentos.
Para ello dio a conocer tres números telefónicos en donde las personas pueden formular este tipo de denuncias: 0426.5134148, 0424.7134162 y 0414.7103438.
Agregó que el gabinete de seguridad ha recibido más de 100 denuncias por desacato a las medidas de seguridad y prevención ante el COVID-19, y que han llevado a los PASI a 167 connacionales que ingresaron al país por las trochas, mientras que 48 han pasado a manos del Ministerio Público.
Finalmente, el edil exaltó el éxito de la campaña «San Cristóbal Consciente», la cual ha podido procesar más de 200 denuncias anónimas en los últimos ocho días, tales como la transgresión de las medidas para evitar la propagación del coronavirus; acciones que se traducen en el abordaje de al menos 450 personas con charlas de conscientización y la disposición de 40 ciudadanos a la orden del Ministerio Público.
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