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El pasado jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó una reforma a la Ley Anticorrupción, según informó el diputado Gustavo Rangel, quien indicó que ahora los consejos comunales y las comunas deberán rendir cuentas en el marco de esta ley.
Favio Hernández
Explicó que a través de la Comisión Contralora, de la cual es parte, se determinó que las organizaciones populares, tales como consejos comunales y comunas, deberán rendirle cuentas al Estado por los recursos y partidas públicas que manejan, las cuales son destinadas a la ejecución de obras públicas o la prestación de servicios en las comunidades.
«Los consejos comunales y las comunas manejaban recursos, pero no eran regidos por la Ley Anticorrupción. A partir de hoy estarán manejando recursos y bienes patrimoniales, pero deben rendir cuentas en el marco de esta normativa», destacó.
Con base en esto, el parlamentario indicó que esta ley data del 2014 y que tuvo que ser reformada para ser ajustada a la actualidad.
Asimismo, el exdirigente de Avanzada Progresista describió a esta reforma como un mecanismo destinado a resguardar el patrimonio del Estado, así como la promoción de la transparencia en el funcionario público.
«Es una ley que, además de salvaguardar los bienes y el patrimonio público, promueve la educación de los funcionarios públicos en aras de garantizar el patrimonio público», señaló.
Dijo que ahora la Ley Anticorrupción es una ley moderna, que incorpora a instituciones que anteriormente no estaban dentro del rango de acción de la respectiva normativa legal.
Sanciones a quienes no declaren
Rangel enfatizó en que la reforma contempla sanciones para aquellas personas que no presenten una declaración jurada sobre los recursos que el Estado les concedió para la ejecución de obras o prestación de servicios públicos.
Entre las sanciones están la separación de sus cargos, la suspensión del salario e incluso hasta la cárcel.
«Se establece en el artículo 43 que los funcionarios que no presenten la declaración jurada de patrimonio en los tiempos estipulados que establece la ley, les será suspendido el goce de su sueldo, hasta 18 meses, hasta tanto no demuestren que dieron cumplimiento a la obligación», resaltó.
Acotó que las sanciones también irán para quienes obstaculicen la presentación y solicitud de documentos para la rendición de cuentas.
Otro punto es que también sancionará a los funcionarios que se vean beneficiados económicamente por actividades relacionadas a su cargo, así como también para quienes ordenen pagos para obras públicas y no se cumpla con los estándares de calidad.
¡Qué se haga cumplir!
En su rol de diputado por el bloque opositor, el parlamentario instó a las autoridades nacionales a que hagan cumplir la ley, sin importar el color político.
«El bloque opositor de la AN eleva su voz para decir que esta ley no solamente debe cumplirse y hacerse cumplir, sino que también debe aplicarse sin parcialidad política», subrayó.
Recordó el parlamentario tachirense que este código tiene alcance nacional, regional y municipal, y llamó a su reforma como «el principio de corresponsabilidad que debe regir a los funcionarios que administran bienes públicos».
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