El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rubricó este lunes la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio nacional frente a posibles acciones de expolio provenientes del extranjero, sin importar si cuentan o no con el respaldo de ciudadanos venezolanos.

Durante la transmisión de su programa televisivo “Con Maduro +”, el mandatario destacó la importancia de esta ley y afirmó: “Procedo a firmar, a extender la aprobación de esta ley tan importante para el patrimonio”. Maduro subrayó que esta normativa legal servirá como instrumento para proteger los bienes y patrimonio que pertenecen al pueblo venezolano.

La Ley, aprobada por el Parlamento de mayoría chavista el pasado jueves, tiene como objetivo principal resguardar el patrimonio venezolano frente a cualquier intento o acción de expolio que se realice desde el extranjero, ya sea con o sin la colaboración de personas o entidades venezolanas.

Diosdado Cabello, diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), destacó que la ley anula cualquier intento o acción de “organismos internacionales” contra los bienes estatales, los cuales “pertenecen al pueblo de Venezuela, no le pertenecen a los Estados Unidos ni le pertenecen a ningún grupo político de la oposición venezolana”.

Cabe mencionar que, a principios de este mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió, a través de la licencia general número 42, no implementar “medidas coercitivas” para bloquear la subasta o acuerdos negociados relacionados con Citgo, filial estadounidense de la petrolera venezolana PDVSA.

Esta licencia autoriza al Parlamento en funciones durante el periodo 2016-2021, conformado por una amplia mayoría opositora y relevado en 2021 por un Legislativo de mayoría chavista, a realizar “ciertas transacciones” relacionadas con cualquier deuda del Gobierno de Venezuela, PDVSA o “cualquier entidad” en la cual la estatal posea una participación del 50% o más.

Además, esta decisión permite la “negociación de acuerdos de conciliación” con personas designadas por dicho Legislativo, considerado por Estados Unidos como la última institución elegida democráticamente en Venezuela.

Redacción web