Política
¿Cuál es el alcance la Ley para la Protección de Activos de Venezuela en el Extranjero firmada por Maduro?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rubricó este lunes la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio nacional frente a posibles acciones de expolio provenientes del extranjero, sin importar si cuentan o no con el respaldo de ciudadanos venezolanos.

Durante la transmisión de su programa televisivo “Con Maduro +”, el mandatario destacó la importancia de esta ley y afirmó: “Procedo a firmar, a extender la aprobación de esta ley tan importante para el patrimonio”. Maduro subrayó que esta normativa legal servirá como instrumento para proteger los bienes y patrimonio que pertenecen al pueblo venezolano.

La Ley, aprobada por el Parlamento de mayoría chavista el pasado jueves, tiene como objetivo principal resguardar el patrimonio venezolano frente a cualquier intento o acción de expolio que se realice desde el extranjero, ya sea con o sin la colaboración de personas o entidades venezolanas.

Diosdado Cabello, diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), destacó que la ley anula cualquier intento o acción de “organismos internacionales” contra los bienes estatales, los cuales “pertenecen al pueblo de Venezuela, no le pertenecen a los Estados Unidos ni le pertenecen a ningún grupo político de la oposición venezolana”.

Cabe mencionar que, a principios de este mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió, a través de la licencia general número 42, no implementar “medidas coercitivas” para bloquear la subasta o acuerdos negociados relacionados con Citgo, filial estadounidense de la petrolera venezolana PDVSA.

Esta licencia autoriza al Parlamento en funciones durante el periodo 2016-2021, conformado por una amplia mayoría opositora y relevado en 2021 por un Legislativo de mayoría chavista, a realizar “ciertas transacciones” relacionadas con cualquier deuda del Gobierno de Venezuela, PDVSA o “cualquier entidad” en la cual la estatal posea una participación del 50% o más.

Además, esta decisión permite la “negociación de acuerdos de conciliación” con personas designadas por dicho Legislativo, considerado por Estados Unidos como la última institución elegida democráticamente en Venezuela.

Redacción web