Política
Debate sobre la “Ley contra el Odio”

Oficialismo ha admitido el “mal uso” de esta ley 

La vigencia de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia se mantiene como uno de los puntos más críticos del debate político en Venezuela. Mientras las organizaciones de Derechos Humanos persisten en su demanda de derogación, el reciente anuncio de una revisión parlamentaria por parte del oficialismo y el rechazo frontal de la oposición han dado un nuevo cariz político a la controversia.

Posturas del Oficialismo: Admisión de “mal uso” y propuesta de reforma

En un giro significativo ocurrido en febrero de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reconoció públicamente que han existido situaciones de “mala utilización” de la Ley contra el Odio que han afectado a ciudadanos y deben ser corregidas.

Rodríguez anunció que la ley será sometida a una reforma a través del “Programa por la Convivencia Democrática”. Según el parlamentario, aunque consideran la ley como una herramienta “muy útil” para la paz, admiten que su aplicación en ciertos casos judiciales debe ser revisada para “curar heridas” y reencauzar la justicia.

Esta postura coincide con la reciente aprobación de una Ley de Amnistía impulsada por el Ejecutivo, que busca beneficiar a personas procesadas precisamente bajo los tipos penales de esta normativa.

Posturas de la oposición: Exigencia de derogación total

Para los sectores de la oposición, la reforma planteada por el oficialismo es insuficiente. Diputados y dirigentes opositores insisten en que la ley debe ser eliminada por completo para desmantelar lo que denominan el “aparato de persecución”.

Nora Bracho (Un Nuevo Tiempo): La diputada ha ratificado en marzo de 2026 que no basta con corregir el uso de la ley, sino que es imperativo suprimirla para restaurar las garantías constitucionales. Sostiene que la estructura misma de la ley es incompatible con una democracia real.

El liderazgo opositor mantiene que, al ser un producto de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, la ley carece de validez jurídica, por lo que cualquier reforma sobre una base “nula” sigue siendo cuestionable.

Argumentos de la Sociedad Civil y Organizaciones de DD.HH.

El petitorio liderado por Provea y otras 50 organizaciones civiles se fundamenta en que la ambigüedad de la ley es técnica, no solo política.

Señalan que términos como “odio” carecen de definición taxativa, permitiendo que cualquier crítica a la gestión pública sea judicializada.

Las penas de hasta 20 años de prisión son consideradas excesivas por estándares internacionales, especialmente cuando se aplican a la libre expresión en redes sociales.

“La reforma anunciada por el Parlamento es un reconocimiento implícito de que la ley ha servido para la persecución, pero la única solución ajustada a derecho es su derogación total”, señala el balance más reciente de Provea.

Organismos como la ONU y la CIDH han instado nuevamente en marzo de 2026 a desmantelar los marcos jurídicos que limitan el espacio cívico en el país. // Maryory Bustamante