El abogado dijo que si la CPI continua con la investigación es porque tienen pruebas contundentes sobre la violación de DDHH

“Se le ha negado a Venezuela un recurso de apelación que ejerció para intentar detener la investigación que se lleva a cabo desde el año 2018, a solicitud de gobiernos de distintos países como Canadá, Argentina, Colombia, Paraguay y otros, que presentaron formal denuncia en contra del Estado venezolano, por cometer al parecer y según los denunciantes, crímenes de lesa humanidad, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual y de género, que han sido cometidos por parte de organismos oficiales policiales, militares, administrativos y judiciales de nuestro país, de manera sistemática y por cuestiones netamente políticas”, así lo manifestó el diputado de la Asamblea Nacional, Hugo Saavedra.

Enfatizó que esta respuesta, dada por los jueces de forma unánime al Gobierno venezolano, dentro de la investigación sobre supuestas Violaciones de Derechos Humanos en Venezuela y la denunciada consecución de Crímenes de Lesa Humanidad, ha sido contundente, en contra del presidente Nicolás Maduro:

“Esta negativa tajante emitida por la Corte, cuya decisión conlleva a que el proceso contra el Estado venezolano continúe, deja muy mal parado a nuestro país, pues quiere decir que cuentan con un probatorio de peso, como lo son las cientos de testimoniales personales de víctimas, que han declarado ante el Tribunal, en contra del Gobierno nacional venezolano, quién en una futura sentencia deberá acatar lo decidido, y responder a la Justicia internacional por los delitos cometidos, si fuere el caso y se les declare culpables”.

Explicó la importancia de entender que Venezuela forma parte del “Estatuto de Roma”, que es el documento fundacional de esta corte, y que, de acuerdo a sus cláusulas, el país y su gobierno deberá acatar sin discusión alguna, cualquier orden o decisión que emane del Tribunal Penal Internacional, así sea de ser sancionados multilateralmente por todos los estados miembros, pues se ha sometido a su jurisdicción, y deben acatar lo procesado y decidido.

“Cabe destacar, que la respuesta del Estado venezolano, en voz de  la Cancillería, de la Fiscalía General y de la propia Vicepresidencia venezolana, ha sido la de rechazar esta decisión, que continúa con el proceso de investigación contra nuestro país, pues la han considerado una decisión netamente política, sesgada e ilegal, indicando que el Gobierno sí investiga las denuncias sobre violación de DDHH, pronunciamiento que a título personal está fuera de orden, pues no debería nuestro gobierno ir a La Haya, litigar, argumentar, defenderse, y al salir adverso en una decisión, proceder a desconocer el organismo y el tribunal, pues se le olvida al parecer que han firmado un acuerdo internacional de sometimiento a esta jurisdicción”, detalla el también abogado.

El dirigente de COPEI señaló a Diario La Nación que es deber del Gobierno venezolano aceptar las decisiones emanadas, y continuar el proceso hasta su sentencia definitiva, y demostrar con argumentación sólida y probatorio contundente, su posición, su inocencia, y su actuación real en este tema tan álgido.

“Además que es un punto preocupante para todos los ciudadanos venezolanos, y del mundo, como lo son las violaciones a los Derechos Humanos y las detenciones de políticos y activistas, cuyos procesos actuales presentan publicas denuncias por faltas al Debido Proceso, al Derecho a la Defensa, a la Presunción de Inocencia, y otras tantas garantías constitucionales”, puntualizó Saavedra. /Maryory Bustamante