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Los trabajadores de la alcaldía de San Cristóbal volvieron a asestar otro golpe contra el ejecutivo municipal, Gustavo Delgado: esta vez introdujeron, ante el Ministerio Público, una demanda por retención injustificada de los recursos del Tesoro del ayuntamiento.
Cerca del mediodía de ayer, un grupo de empleados de la alcaldía capitalina, encabezados por Edna Ramírez, secretaria del sindicato de empleados del ayuntamiento de San Cristóbal, se acercó a las oficinas del Ministerio Público con la finalidad de concretar la demanda.
Ramírez manifestó su preocupación por lo que presumen es la ejecución de una acción con la que se está dañando el erario sancristobalense.
Explicó que se ampararon en la Ley Anticorrupción para introducir tal demanda, mediante la cual esperan sea la justicia venezolana la que se encargue de tomar la última palabra.
Cabe destacar que este hecho va ligado a la problemática salarial que atraviesa la municipalidad, pues los trabajadores llevan más de un mes sin cobrar su sueldo debido a que el burgomaestre alega no poder cancelar el incremento tabulado en la última ordenanza.
Por ende, durante el día lunes se efectuó una protesta en la sede de la municipalidad en la que participaron algunos trabajadores de la alcaldía y los representantes de los diferentes sindicatos del ayuntamiento, quienes esperaban tener contacto con el alcalde; sin embargo, según la secretaria del sindicato, solo se apersonó un abogado, representante de la principal autoridad sancristobalense, quien intentó amedrentarlos.
Admitió la vocera que con la protesta nunca trancaron la alcaldía; sin embargo, los excesivos cortes de luz suscitados el lunes impidieron que se laborara en el ayuntamiento.
Por su parte, el alcalde manifiesta que se apega a la nulidad emitida por el Ministerio Público, aunque también dejó claro que está dispuesto al diálogo, además de que presentará al Concejo Municipal una reforma a la ordenanza salarial.
Los trabajadores aún claman porque se les cancele lo estipulado en la ordenanza, el sueldo correspondiente a 16 millones de bolívares, mientras que el ejecutivo municipal ofrece el pago de 10 millones de bolívares.
Delgado culpa a los pocos recursos económicos recogidos en la recaudación de impuestos del mes de enero y sostiene que con ello solo se podría cancelar los sueldos de los trabajadores (según ordenanza), dejando a un lado la cancelación de servicios básicos.
Favio Hernández
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