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Política
«Detenidos del Alto Apure fueron trasladados a cárcel de Santa Ana»
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El diputado jubilado de la Asamblea Nacional, director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, informó este miércoles 14 de abril que los 31 civiles que fueron detenidos durante la confrontación armada entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y un sector disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fueron trasladados a la unidad de Procesados Militares (Procemil) del Centro Penitenciario de Occidente (CPO).
Walter Márquez realizó un recorrido la semana pasada por el Alto Apure y Arauca, y las zonas de Arauca, Arauquita y El Amparo dijo que con el fin de investigar in situ la grave violación de derechos humanos y los crímenes atroces cometidos en la localidad de La Victoria en el Alto Apure y sus alrededores; acompañado de Ana Hernández, directora general de la Fundación El Amparo. Allí se reunió con víctimas de los desplazamientos forzosos y los crímenes cometidos en ese lugar, entre ellos familiares de Emilio Ramírez y los asesinados en La Victoria y El Ripial, y los detenidos de manera arbitraria.
“Al regreso a San Cristóbal me informaron los abogados del Alto Apure y familiares de los detenidos dentro de ese marco de la confrontación armada, que la mayoría de éstos fueron trasladados al pabellón de procesados militares (Procemil) de la cárcel de Santa Ana del Táchira, lo cual agrava la situación de los familiares de las víctimas porque a duras penas podían ir a visitarlos a Guasdualito, trasladarse a San Cristóbal o a Santa Ana es mucho más difícil”, expresó.
Destacó, en rueda de prensa, que estas 31 personas fueron detenidas por orden del juez militar de Guasdualito, y de acuerdo a las personas que los conocen y sus familiares, muchos de ellos son obreros, sacados de las fincas donde estaban laborando, hay también agricultores y campesinos, pequeños comerciantes, docentes, incluso algunos líderes espirituales dedicados a cultos cristianos, la mayoría de ellos ahora acusados por traición a la patria, subversión y terrorismo, cuando no existen elementos probatorios en su contra de acuerdo a expertos en la materia, y caso de que existieran debían ser procesados por tribunales civiles y no por tribunales militares.
“Estas detenciones ordenadas por el juez militar prácticamente son jerárquicas, porque obedecen a órdenes superiores que recibió el juez, por eso vamos a estar pendientes de este caso para apoyarlos porque consideramos que hay una detención arbitraria y una privación ilegítima de la libertad de estas personas”, expresó Márquez.
Aumenta desplazamiento forzoso
Por otra parte indicó el defensor de los derechos humanos que ha tenido conocimiento sobre el aumento del desplazamiento forzoso hacia Arauquita de parte de las personas afectadas por esa confrontación armada, con un último reporte de 8.000 personas, “situación que se agrava porque hay un desplazamiento interno desde Arauquita hacia Arauca, a los municipios de Tame y Saravena, e incluso por vía del páramo de El Tama hacia Toledo, Norte de Santander, donde también han llegado familias buscando refugio”.
Walter Márquez informó que además en los campamentos de ACNUR (Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados) han descubierto 77 casos de Covid-19, lo que sumado al incremento del número de desplazados a 8.000 se está convirtiendo en un problema social que supera la capacidad de los gobiernos locales y el propio gobierno nacional de Colombia, porque ahí se están mezclando los desplazados por la crisis generada a raíz de la confrontación armada con la crisis humanitaria compleja que está viviendo Venezuela.
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