domingo 26 junio, 2022
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“El Estado viola los derechos humanos de los tachirenses con fallas eléctricas”

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Pernía explica que la irregularidad en el Táchira es mayor que en otras regiones del país, con lo cual se violan los principios de igualdad y equidad establecidos en la Constitución.


Por Humberto Contreras

Las constantes fallas de electricidad en el Táchira representan una violación directa a los derechos humanos de los ciudadanos, como consecuencia de la incapacidad manifiesta del Estado para atender un servicio cuya responsabilidad asumió, con lo cual viola los principios de igualdad y equidad establecidos en la Constitución.

Sobre esta definición de la situación eléctrica que vive el Táchira, en su connotación jurídica, conversamos con el doctor Mauricio Pernía Reyes, abogado y profesor investigador de la Universidad Católica del Táchira, quien indica que gran parte del desafío que nosotros estamos encontrando hoy día es que, en las últimas dos décadas, el deterioro en la prestación de los servicios públicos causa diferentes afectaciones a la sociedad venezolana.

Las fallas de los servicios públicos vulneran en principio el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros. (Foto/Tulia Buriticá)

Pernía Reyes, quien es también coordinador del capítulo venezolano de Transparencia Internacional en el Táchira, profesor universitario en Venezuela y otros países, y representante del Instituto para la Economía y la Paz, explica que el derecho a la energía eléctrica es una condición material para la concreción de otros derechos humanos.

—Es decir, aclara, sin electricidad, no tenemos derecho, por ejemplo, a sana alimentación, pues no tenemos cómo refrigerar alimentos, no tenemos cómo hacer una cadena de frío para los productos que deben estar congelados, no disponemos del modo de resguardarlos o de prepararlos.

En segundo lugar, se vulnera el derecho a la salud, pues hay un conjunto de equipos médicos que deben estar conectados a la red, y aunque se tenga plantas eléctricas en los centros asistenciales, eso supone un alto riesgo. Tercero, se vulnera el derecho a la educación. La pandemia demostró que la conectividad es necesaria, y para tener conectividad hay que tener electricidad.

—¿Qué es un servicio público?

—Los servicios públicos tienen diferentes perspectivas de análisis. En lo económico, en lo social y en lo jurídico. Y sobre cada una de esas perspectivas, tiene un impacto la calidad del servicio que se presta.  Pero antes de todo eso, hay que intentar aproximarse a qué es un servicio público. Una forma fácil de entenderlo, es definirlo como “aquellas cosas o servicios que no podemos proveernos nosotros mismos individualmente, sobre todo en el mundo urbano contemporáneo.

Con esa realidad en la cual nosotros como sociedad estamos de acuerdo en que el Estado intervenga en ello, le estamos dando la potestad de definir lo que es un servicio público, y el Estado lo define, mediante la Constitución y la Ley, es decir, una legislación formal. Y esa legislación, que dice que alguna actividad es servicio público, significa dos cosas: Una, que el Estado lo asume como titular principal, y a veces único obligado para la prestación del mismo, y segundo, lo excluye de la posibilidad de que el sector privado, los particulares puedan prestarlo, sin antes cumplir con un conjunto de requisitos.

Estas dos características significan que los servicios públicos son una Declaratoria de Estado. Si el Estado la hace, es porque tiene las consideraciones para ello, entre ellas, el beneficio de interés general. Y eso significa que va a proveer un conjunto de recursos normativos de competencias, o sea define quién hace, qué y cómo. De modo tal que el Estado no interviene una actividad, en este caso económica, si no ha previsto cómo va a cubrir todos los aspectos para ello.

Equidad social

Una de las características de la falla de electricidad, como presupuesto necesario para acceder a otros derechos humanos, es que viola el principio de equidad: Hay regiones del país que tienen más cortes eléctricos que otras, como por ejemplo el Táchira, que tiene exagerados cortes de energía, tan imprevisibles, que imposibilitan cualquier actividad humana. Señala Pernía que un servicio público es el medio que mejor garantiza la equidad social. Si el Estado decide intervenir, es porque entiende que allí hay una razón de interés general.

Al ser una declaratoria de Estado, es porque se ha hecho los análisis para poder comprometerse. Y si eso lo tenemos previsto, la Administración Pública, que es la que ejecuta los mandatos constitucionales y legales, debe tener presente que la Constitución dice que todos debemos tener servicios públicos, y la ley dice quién, cómo, dónde y cuál es la naturaleza. En el caso de la energía eléctrica: quién lo presta, cómo, mediante qué figura, etc. Así, la Administración pública desarrolla la actividad, y cumple la ley.

Entonces, ¿qué pasa?

—Si nos hacemos cargo de esa idea, ¿qué es lo que enfrentamos hoy en Venezuela?, se pregunta el académico. Que el Estado absorbió muchas actividades económicas y las llevó al sector público. Las “publificó”. Y las que ya estaban en el sector público, en gran medida, las centralizó.

Por ejemplo: Para 2007 teníamos varias empresas públicas y privadas prestadoras del servicio de energía eléctrica en el país. La Electricidad de Caracas era una de ellas. Las otras eran empresas públicas regionalizadas. Si nosotros en San Cristóbal queríamos reclamar algo del servicio eléctrico, había aquí funcionarios a quienes dirigirnos para hacer la reclamación.

Pero cuando el Estado decidió crear un conglomerado, Corpoelec, y absorber esas funciones, el ciudadano de provincia quedó desprovisto de la posibilidad de reclamo. Eso, conviene verlo desde otro punto de vista: Si la Administración pública es la que asume la tarea, entonces hay que aplicarle sus propios principios, por mandato constitucional.

¿Cuáles son? Están en citados en el artículo 141. Esos son los principios, y no hay otros. No hay modo de que Corpoelec, Pdvsa, Hidrosuroeste, Cantv, etc., se aparten de estos principios porque, simplemente, el Estado los pidió para sí. O sea, es una obligación del Estado y, por tanto, la Administración Pública asume la carga.

Entonces, enfatiza, aquí se viola el principio de la buena Administración (art 141), que indica que la Administración debe asegurarse de que haya participación, trasparencia, rendición de cuentas y colaboración en la gestión pública. En Venezuela no tenemos ninguna de estas realidades.

Acceso a la energía eléctrica

El acceso a la energía eléctrica, indica Pernía, es un derecho humano que tiene una interpretación muy seria. Y es donde nosotros acá en el Táchira, tenemos las mayores dificultades. Ahí es donde quiero poner el acento: Si el Estado se comprometió a hacerlo, porque lo declaró servicio público, es porque dijo “yo tengo los medios para hacerlo”.

Entonces, siendo que el principio de equidad se está vulnerando en Venezuela, en la prestación del servicio eléctrico, a los ciudadanos hay que responderles varias preguntas: Se habla de que tenemos un Sistema Interconectado Nacional. Si es así, ¿por qué unas regiones tienen más deficiencias que otras?

Habrá razones técnicas, claro, pero no hay razón para que se vulnere la Equidad. ¿Por qué el Táchira tiene que tener mayores problemas que otras regiones? La Equidad es que todos tengamos el mismo derecho de acceso, continuidad, permanencia y regularidad de energía eléctrica.

Se supone que la capital de la república y otras ciudades, deberían tener las mismas condiciones que el Táchira, para que los ciudadanos del Táchira no sean ciudadanos de segunda. Entonces, una razón técnica no puede estar por encima del cumplimiento del Derecho a la Equidad, y eso, debería preocuparnos a todos, porque no estamos hablando necesariamente de eso.

—O sea ¿el Estado debe agotar los recursos para cumplir?

—El Estado está en la obligación de disponer todos los recursos para asegurar la Equidad en el acceso a la energía eléctrica. Si no lo hace, está declarando dos cosas: su incapacidad para hacer lo que ya es suficiente para restarle legitimidad como prestador de servicio, porque, además, impide la participación de terceros. Y segundo, porque, si no, es una decisión el no favorecer la equidad.

Esas dos características, dice el investigador, ponen en riesgo la condición de ciudadanía del hombre de provincia, pues la provincia tiene menor acceso no porque esté en provincia, sino porque se decide que no va a tenerlo, para privilegiar a otros sectores. En un país en el que se dice que uno de los primeros principios es la igualdad, no tener Equidad en la calidad del servicio, no es igualdad: Si la calidad es baja para todos, hay equidad.

El artículo 2 de la CBV propugna los principios superiores del estado venezolano. De modo que, si esos son los principios, entonces, ¿por qué el Táchira tiene mayor deficiencia eléctrica que otras regiones del país?

No es que queremos repartir la miseria, pero sí, decir que en el Táchira y en las regiones que padecen de mayor deficiencia de servicios públicos, es decir que aquí hay ciudadanos que no tiene la misma condición que otros ciudadanos en el país, con lo cual no se cumple con los principios de igualdad y de equidad.

—¿A quién acudir para defender nuestro derecho?

—Cuando no se cumple con el principio de buena administración y en consecuencia se incumple con la Constitución, vemos que no tenemos modo de participación. Y en esto quiero resaltar lo siguiente, señala:

La Administración Pública se controla a través de tribunales Contencioso Administrativo (art 259 CNB). Ese artículo habla de lo que nosotros podemos reclamar de esa Administración. Podemos demandar, anular actos administrativos, y la reparación de daños y perjuicios originados por su responsabilidad, en la prestación de servicios, y disponer de lo necesario para el restablecimiento de la situación jurídica.

—¿Y cómo hacer para recurrir a ese tribunal?

—Bien. De hecho, el artículo 51 de la CNB, permite al ciudadano dirigir peticiones a la administración pública. Lo primero es el derecho a la petición. Que está ocurriendo. Por qué no tenemos información. Cuáles son los planes, las inversiones. Si la ley de servicio eléctrico prevé la importación de energía, por qué no se privilegia la necesidad humana, porqué estamos en minusvalía frente a la coyuntura política, cuando es la dignidad de la persona humana lo que debe prevalecer. La Constitución lo dice.

Indica Pernía que la sociedad civil en general, debe asumir la formación sobre esto. Es hablar de que nosotros tenemos derecho a los servicios públicos no como una dádiva del Estado, sino que es una obligación, que la pidió, y que lo hace con recursos públicos, con nuestros impuestos, y con los ingresos producidos por los recursos naturales abundantes en el país.

Debe anunciarse, por ejemplo, por qué durante muchos años la estatización completa del servicio eléctrico significó un retardo en inversiones, porqué inversiones anunciadas no se cumplieron, por qué no se aprovechan otros recursos que hay, por ejemplo, en el Táchira, como el carbón que tenemos aquí en Santo Domingo, capaz de producir energía carboeléctrica, como funciona hoy en muchos lugares del mundo. De hecho, la actual situación europea lo está demostrando.

Y nosotros con ese carbón allí en el subsuelo, cuando, cumpliendo con todas las normativas ambientales, ese carbón puede generar los 300 megavatios suficientes para abastecer nuestra demanda. Entonces, sobre esta realidad, nosotros como ciudadanos queremos el acceso a la información, la transparencia.

—¿Quién asume la conducción de estas acciones?

—Desde nuestra perspectiva, la sociedad civil organizada es la que tiene la disposición de poder hacer algo trascendental, que es la formación. Ella permitirá que el ciudadano se haga protagonista en los procesos de cambio. Si nosotros perdemos oportunidades por ignorar ciertas acciones posibles, la idea de no perder más oportunidades, es la formación.

Quienes están en posesión de esta información, tienen la obligación moral de hacerla pública a fin de que podamos activarnos, para que no sea una actividad en solitario, sino que el ciudadano se exprese, tanto individual como colectivamente.

Porque aquí no se está vulnerando el derecho a vivienda de un ciudadano. Se está vulnerando un derecho a toda la sociedad, a la sociedad tachirense que es la más afectada por los cortes de energía eléctrica que, insisto, es el presupuesto necesario para llegar a otros derechos humanos.

Así, la sociedad civil organizada debe empujar en este punto, al sector político, a las universidades, al sector empresarial, porque todos tenemos las mismas dificultades. Los servicios públicos son la mejor manera de crear progreso social. De proveer innovación para la solución de los problemas que tenemos. La conectividad de energía eléctrica, del agua potable, de la recolección de residuos de telefonía básica, de gas doméstico, en fin.

Que el Estado se haya encargado de eso, no supone el problema. El problema es cuando no cumple con su obligación. Para el venezolano, el deterioro es muy grande, pero para el tachirense es una situación de extrema dificultad, porque hay una exclusión social del tachirense, cuando tenemos menos servicios públicos que el resto del país, y no hay soluciones a la vista para poder nosotros corregir la equidad.

Concluye el profesor Pernía resumiendo la situación que nos ocupa: Calidad y equidad son los componentes clave, para que nosotros podamos, a partir de tener servicios públicos, empezar a hacer cosas, porque en realidad, el fin no es tener el servicio. Es que ese servicio es el presupuesto para poder hacer o tener otras cosas, como que el hospital funcione, que la industria labore.

O sea, nosotros estamos por debajo de nuestras posibilidades, si no tenemos el desarrollo social que proveen los servicios públicos.

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