Política

“Estoy defendiendo mi libertad porque no he cometido delito”

24 de septiembre de 2019

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  • La mandataria regional anunció que Roso no es “ningún prefecto de García de Hevia”, y que Silva es uno de los 20 comisionados que la gobernación tiene en todo el Táchira con la finalidad de desarrollar los diferentes planes sociales emanados de su administración
  • “Yo estoy defendiendo mi libertad porque no he cometido ningún tipo de delito”, confesó a los periodistas

“Injuria, calumnia, falsedad y bofetada política”, fueron los calificativos empleados por la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, ante las denuncias realizadas por representantes del Gobierno nacional acerca de una posible vinculación con grupos irregulares en la frontera tachirense.

A través de una rueda de prensa, efectuada durante la mañana de este lunes, en la sede de la Residencia de Gobernadores, la principal autoridad de la región manifestó su rotundo rechazo a dichos señalamientos y aseguró estar presta a investigaciones.

“Estamos ante una acusación falsa, una injuria que lo que busca es desvirtuar la gestión de la gobernadora en el estado Táchira. Todo ese planteamiento es falso. Yo siempre me he desmarcado de grupos irregulares”, sostuvo.

Acusada por Jorge Rodríguez

La primera mandataria regional le salió al paso a los señalamientos que recientemente la han vinculado con grupos armados en la frontera venezolana, luego de la acusación hecha el viernes por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien aseguró que la mandataria regional tenía nexos con la banda “Los Rastrojos”.

Rodríguez aseveró que Gómez confabuló con este grupo delincuencial para llevar a cabo la operación “Candado” y trasladar al diputado Juan Guaidó hacia territorio colombiano, durante los días 21, 22 y 23 de febrero del presente año.

Roso y Silva

El ministro Rodríguez identificó a varias personas con supuestos vínculos con Los Rastrojos, como es el caso de Camilo Roso y Loryi Silva, a los cuales señaló como prefecto del municipio García de Hevia y asistente de la Gobernación, respectivamente.

Por ello, la ejecutiva regional anunció que Roso no es “ningún prefecto de García de Hevia”, y Silva es uno de los 20 comisionados que la gobernación tiene en todo el Táchira con la finalidad de desarrollar los diferentes planes sociales emanados de su administración.

De igual manera, informó que ella no ha enviado a ningún funcionario a reunirse con grupos irregulares y advirtió, a quienes lo hagan, que la “responsabilidad es personal”.

21, 22 y 23 de febrero

La mandataria también mostró pruebas de lo que se encontraba realizando durante los días 21, 22 y 23 de febrero del 2019.

“En mis redes sociales tengo las pruebas sobre lo que yo estaba haciendo esos días. El 21 estaba reunida con grupos civiles para evaluar las necesidades de las escuelas en la región, y en la tarde realicé una donación de colchones y camas para los pacientes y médicos del Hospital Central de San Cristóbal”, comentó.

Asimismo, alegó que al día siguiente estuvo en un reconocido hotel de la ciudad, recibiendo a una comisión de diputados de la AN; mientras que el 23 fue internada en un centro asistencial del municipio Bolívar, luego de resultar con afectaciones respiratorias debido a un “ataque con bombas lacrimógenas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana”, en la avenida Venezuela, de San Antonio del Táchira.

Denuncia sobre situación irregular

En su defensa, la gobernadora del Táchira indicó que a largo de su carrera política, tanto sosteniendo la investidura de diputada a la Asamblea Nacional (AN), como estando al frente de la Gobernación del estado, ha venido denunciando constantemente la presencia de grupos irregulares en territorio tachirense.

Se apoyó en publicaciones a través de medios de comunicación y plataformas digitales, de los meses de septiembre y noviembre del 2017, y abril del 2019, en donde informó públicamente sobre esta problemática con la cual hoy la vinculan.

Visitas a Colombia

La gobernadora admitió que constantemente se traslada al vecino país con la finalidad de vacunar a su hija de nueve meses, “como toda madre del Táchira”, pues aseveró que en Venezuela “no existen vacunas contra el neumococo”, por lo que a las familias les toca ir a Colombia a colocárselas a sus hijos.

Espetó que también adquiere sus productos alimenticios en los supermercados neogranadinos, alternativa que tomó en cuenta ante la escasez de los productos y por la inflación.

Igualmente, Gómez despejó que el jueves cruzó la frontera con la intención de trasladarse hacia la ciudad de Bogotá para reunirse con una ONG y tratar asuntos concernientes a ayudas humanitarias. “Siempre que voy a Colombia lo hago por el puente, nunca por trochas ni caminos verdes”.

Temor a ser detenida

Ante la orden de detención contra las personas con las cuales se le vincula, la exdiputada dijo sentir “temor a perder la libertad”, haciendo referencia al hecho de una “acusación falsa”.

“Tengo miedo a perder mi libertad, a perder el derecho de amamantar a mi hija, de verla crecer. Yo estoy defendiendo mi libertad, porque no he cometido ningún tipo de delito”, confesó.

Recuperación de espacios

Cabe destacar que la ejecutiva regional hizo importantes anuncios con relación a la realización de obras públicas, recuperación de espacios, calles y avenidas del casco central de la ciudad y otros municipios.

Actividades como deforestación y mantenimiento del alumbrado en la avenida 19 de Abril; la optimización de espacios deportivos en populares barriadas de la ciudad, así como también en los municipios Seboruco, Panamericano, Junín, Fernández Feo, José María Vargas, Panamericano y García de Hevia.

En materia de vialidad, habló sobre trabajos en la troncal 5, La Chicharronera, y algunas avenidas de San Cristóbal. Añadió que la próxima semana trabajarán en los sectores Puente Oro, La Mazorquera y Pata de Gallina; mientras tanto, dijo, Santa Elena deberá esperar a que el Ejecutivo nacional apruebe los recursos solicitados para su respectiva restauración.

Mencionó que ante las denuncias populares por el “evidente deterioro del Táchira”, su gestión se ha visto detenida, en ocasiones, “no por falta de voluntad”, sino por falta de la asignación y aprobación de recursos económicos para llevar a cabo tales trabajos.

Favio Hernández

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