Política
“Exigimos Ley de Amnistía integral con justicia y reparación”

“La profunda crisis integral que afecta a Venezuela desde 1999 con su permanente y sistemática presencia de crímenes de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos, persecuciones, encarcelaciones arbitrarias e innumerables atropellos a la dignidad humana cometidos por el régimen, requiere de una ley de amnistía integral que abarque varios aspectos, incluyendo la restitución de la libertad personal, el libre tránsito, la libertad política y el ejercicio democrático, eliminando antecedentes penales, registros policiales y sanciones administrativas que han sido usadas como instrumentos de represión y que debe conllevar finalmente a la reconciliación nacional”.

Esta apreciación corresponde a Walter Márquez, diputado jubilado a la Asamblea Nacional, presidente de la Fundación El Amparo Internacional, y activista de derechos humanos en Venezuela, quien ha mantenido una constante defensa a través de la investigación y documentación de muchos de los casos de violación de derechos humanos registrados a los largo de los años de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, denunciando oportunamente tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y la Corte Penal Internacional en La Haya.

Libertad para presos y regreso de exiliados

Para Márquez la Ley de Amnistía anunciada por el gobierno transitorio de Delcy Rodríguez debe cubrir a todos los presos políticos, a los exiliados, especialmente antes y después del 28 de julio de 2024 con motivo de las elecciones presidenciales ganadas por Edmundo González Urrutia, con el apoyo de María Corina Machado.

“Igualmente debe incluir a todos los exiliados, perseguidos y los despatriados que están en el exterior, para lo cual se requiere también el cese de las causas de esa persecución y represión que se instrumentalizó de manera oficial a través de la Ley Orgánica Simón Bolívar contra el Bloqueo Económico, la Ley de Fiscalización de las ONG, la Ley Contra el Fascismo, y la Ley Contra el Odio, por lo que su derogatoria es obligante para actuar en concordancia con la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de esta manera crear un marco jurídico democrático y pluralista en el que prevalezca el respeto a la dignidad humana, que verdaderamente garantice el libre retorno al país de quienes se encuentran en el exilio e incluya a los que han sido perseguidos por inhabilitaciones administrativas, como el caso de algunos ex gobernadores, ex alcaldes, ex diputados a la Asamblea Nacional, entre otros”.

También considera Márquez que en esta Ley de Amnistía es fundamental que se garantice la libertad de expresión, la libertad de Prensa y de libre pensamiento, uno de los aspectos y sectores más duramente atacados por el régimen, en los que destacan casos tan emblemáticos como el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) y otras televisoras, cierre y penalización de emisoras de radio y periódicos impresos en todo lo largo y ancho del país; al igual que debe contemplar el desarme de grupos paraestatales y el desmantelamiento de los tribunales antiterroristas, creando también la Comisión de la Verdad, con el fin de que sea una Ley de Amnistía amplia que garantice la justicia y la reparación y no solo la libertad a los presos políticos, que es uno de los puntos fundamentales, sino que también contemple la investigación y el enjuiciamiento a los responsables de estos crímenes.

Amnistía, justicia y reparación

Estamos de acuerdo -sostiene Márquez- en que debe haber una reconciliación nacional, pero la misma tiene que ir acompañada de una amnistía real, la cual debe dar paso a un proceso de justicia y esa justicia a un proceso de reparación junto con el compromiso innegociable de no repetición; es decir, esta ley propuesta por la presidenta interina de la República debe garantizar que no haya impunidad contra la grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 1999, lo cual debe estar expresamente incluido en una ley de amnistía, sin que esto esté en detrimento de la búsqueda de la paz y la justicia a través de un gran acuerdo nacional, aplicando una ley de amnistía integral, una justicia transicional y una reparación de los daños patrimoniales, físicos y psicológicos a las víctimas de la represión, persecución y encarcelación arbitraria.

Recordó el defensor de derechos humanos en Venezuela que hay muchos casos emblemáticos de presos políticos, es el momento de que estos activistas de derechos humanos y defensores de la democracia así como el total de presos políticos salgan a la calle con libertad plena. Es positivo el planteamiento de una ley de amnistía, siempre y cuando sea integral, acompañada de justicia, reparación y la promesa de no repetición, concluyó Márquez.