Política
“Exijo una fe de vida de Freddy Superlano”

La activista venezolana Aurora Silva exigió este martes una prueba de vida de su esposo, el exdiputado Freddy Superlano, y del activista político Roland Carreño, ambos detenidos, luego de que varios opositores denunciaran el presunto traslado de los políticos a un “paradero desconocido”, una versión que no ha sido confirmada, de momento, por las autoridades.

“Exijo una fe de vida de Freddy Superlano y de Roland Carreño. Necesitamos saber dónde están, cómo se encuentran, sus condiciones físicas y mentales”, expresó Silva en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aseguró que los abogado de los dos detenidos “también necesitan respuestas” que, denunció, les “han sido negadas a lo largo de este año”.

En la publicación, Silva resaltó que el exparlamentario lleva “13 meses sometido a un aislamiento prolongado”, en el que no ha tenido contacto con su familia.

Este martes también se pronunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y advirtió en X que los allegados de Superlano “no han recibido información oficial” por parte de la Administración de Nicolás Maduro ni “tampoco fueron notificados previamente de esta acción”.

Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro, un resultado no reconocido por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ni por numerosos países, que insisten en que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Por su parte, Carreño fue detenido el 2 de agosto del año pasado, en el contexto de la crisis postelectoral que se desató en el país por la denuncia de fraude de la PUD en la proclamada victoria del chavismo.

Carreño ya había sido arrestado antes, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la PUD, en Barbados. (EFE)