“Una solicitud para pasar de la fase de investigación a la fase del enjuiciamiento a Nicolás Maduro y a los miembros de la cadena de mando civil y militar por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela”, pide el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, por considerar que existen fundamentos suficientes y elementos de prueba que permiten tomar esa acción.

Destacó Márquez Rondón, mediante boletín informativo, que desde hace más de 10 años, tanto parlamentarios como jefes de Estado y de gobierno así como organizaciones no gubernamentales (ONG) han pedido el enjuiciamiento de Nicolás Maduro y casi se cumplen tres años desde el 3 de noviembre de 2021 cuando la Fiscalía de la Corte inició una investigación, la cual fue avalada el 27 de junio de 2023 por la Sala de Asuntos Preliminares y el 1° de marzo de 2024 por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. Además 11.500 víctimas se hicieron parte de este proceso, “por lo que hay fundamentos razonables y suficientes para enjuiciar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad de acuerdo a los artículos 14, 15 y 53 del Estatuto de Roma”.

En este sentido dijo coincidir con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien está exigiendo a la Corte Penal Internacional la imputación por cargos a Nicolás Maduro, no solo por el anuncio de generar un baño de sangre en Venezuela, sino por la materialización del mismo.

Márquez recalcó lo que dijo Almagro recientemente sobre el caso Venezuela: “Maduro anunció un baño de sangre, lo está cumpliendo: 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo, reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo”.

Régimen repite estrategia de 2015

Recordó Walter Márquez que el 6 de diciembre de 2015 la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo un rotundo triunfo en la Asamblea Nacional, y de 167 diputados ganó 112 escaños, duplicando en fuerza legislativa al régimen, que solo sacó 55 asambleístas. “Ante ese triunfo arrollador el régimen de Maduro utilizó dos vías judiciales: por un lado designaron nuevos magistrados express, aprovechando que eran mayoría antes de entregar el parlamento a los nuevos diputados y así poder controlar la Sala Constitucional y especialmente la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, desde la cual desmantelaron la mayoría parlamentaria a petición de Jorge Rodríguez, quien personalmente simuló un hecho punible al forjar un delito electoral en contra de los diputados de Amazonas.

—De esta manera -indicó- y mediante un fraude político electoral y constitucional despojaron de la inmunidad parlamentaria a los tres diputados del estado Amazonas que hacían la mayoría de las dos terceras partes, quienes no solo representaban a los pueblos indígenas de Amazonas sino que nacieron en etnias indígenas. Con 109 diputados la oposición perdió la mayoría calificada, por cuanto el régimen usó a la Sala Electoral para suspender la proclamación que ya había hecho el CNE de estos tres diputados, Romel Guzamana, Julio Ygarza y Nirma Guarulla, cuando en este caso lo que correspondía era un juicio de allanamiento a su inmunidad parlamentaria, lo cual nunca se hizo sino que por una solicitud expresa de Jorge Rodríguez, el 30 de diciembre de 2015 suspendieron la proclamación y le ordenaron a la AN que no los juramentara, y al ser incorporados en enero de 2016 la declararon en desacato.

La Sala Constitucional -continuó relatando Márquez- tomó una medida provisional, una medida cautelar, suspendiendo provisionalmente a los diputados, y aunque esa medida tenía que decidirla en pocas semanas, han pasado casi 9 años y esa decisión nunca se tomó, ni cuando el período constitucional del 2016 al 2021 ni ahora, entonces ese mismo procedimiento lo están usando actualmente. Hay un fraude electoral al proclamar a Maduro sin las actas y recurren a la Sala Electoral del TSJ sin haber agotado la vía administrativa del Consejo Nacional Electoral, con lo cual, además del electoral, pretenden cometer un fraude judicial y un fraude procesal.

—Es decir, están practicando la misma hoja de ruta del año 2015 para despojar a las fuerzas democráticas de los triunfos contundentes obtenidos, tanto en el 2015 en las elecciones parlamentarias como ahora, cuando el triunfo de Edmundo González Urrutia supera el 67 % y solo el 30 % fue a favor de Nicolás Maduro, usando un poder judicial al servicio del régimen para tratar de convertir una derrota inocultable en una victoria fraudulenta.

Crímenes de Lesa Humanidad

Para Márquez, con el fraude electoral impulsado por los rectores del CNE, se está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución política, pues ha sido generador de violencia, ya que la gente, cansada de tanta trampa y manipulación protesta en la calle, y el régimen en vez de aceptar el reclamo popular lo que ha hecho es reprimir de manera brutal a los venezolanos con más de 2 mil detenidos y una gran cantidad de muertos.

«Como si Maduro estuviera siguiendo al pie de la letra un guión preparado anunciando antes del proceso electoral lo del baño de sangre si él perdía, y eso se está cumpliendo, por lo que pedimos y clamamos en nombre del pueblo venezolano que cívicamente se pronunció en las mesas que haya justicia en La Haya, esa es la exigencia de las víctimas y de los defensores de los derechos humanos. Seguir prorrogando una acción que clama Venezuela y el mundo ante tanto abuso de poder convertiría a la Fiscalía de la CPI en un cómplice más de Maduro», expresó Walter Márquez en el boletín de prensa.

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