Política
Fedecámaras Táchira y sector licorero proponen que la Ley de Amnistía garantice la protección a la propiedad privada

“No es perdón, es justicia”: Johnson Delgado aboga por una amnistía que elimine la criminalización de la disidencia

En el marco de la consulta pública de la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, Johnson Delgado —expresidente del Consejo Legislativo, actual director de Fedecámaras Táchira y líder nacional del sector licorero— presentó un documento formal de observaciones ante la diputada Yaniret Chacón y la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional.

La propuesta de Delgado busca elevar el debate de la amnistía más allá de lo político, posicionándola como un “catalizador indispensable para la estabilidad del mercado y la confianza de los inversionistas en Venezuela”.

En su exposición de motivos, Delgado enfatiza que “la reconciliación nacional es el único camino viable para reconstruir el tejido productivo”.

El dirigente gremial sostiene que este Proyecto de Ley es un paso decisivo para sustituir la “criminalización de la disidencia” por un marco de “coexistencia democrática”.

“Venezuela no puede avanzar sin cerrar las heridas de la persecución. Esta Ley permitirá el retorno de actores clave y la liberación de ciudadanos cuya participación es esencial para la productividad nacional, especialmente en zonas estratégicas como nuestro eje fronterizo en Táchira”, puntualizó Delgado.

Desde la perspectiva de Fedecámaras y el gremio licorero, Delgado sustenta su respaldo a la Ley en cuatro pilares fundamentales:

1. Seguridad jurídica: El cese de la retaliación política como señal de que Venezuela transita hacia un Estado de Derecho con reglas claras.

2. Cese de la persecución administrativa: El sector comercial ha sufrido cierres y sanciones arbitrarias. La amnistía debe garantizar la nulidad de estos procesos para que las empresas operen sin temor a presiones políticas.

3. Normalización de la vida nacional: La reincorporación de civiles, militares y empresarios procesados en los años 2014, 2017, 2019 y 2024 para recuperar el capital humano del país.

4. Justicia transicional ética: El apoyo se mantiene firme bajo el estándar de excluir crímenes de lesa humanidad, enfocándose estrictamente en la deslegitimación del castigo político.

Como parte del aporte técnico al debate legislativo, Delgado propuso modificaciones estructurales al articulado actual para asegurar que la ley cumpla con estándares internacionales de reparación integral:

Nulidad absoluta (Sustitución del Art. 8): Propone que los actos de persecución sean declarados nulos desde su origen. Esto eliminaría antecedentes y registros que hoy afectan la reputación y la capacidad comercial de los beneficiarios.

Renuncia al poder punitivo: Delgado sugiere que la ley se redacte como una “renuncia del Estado a castigar” y no como un perdón. “El perdón presupone culpa; la amnistía debe reconocer que el origen del proceso fue una vulneración de garantías fundamentales”, explicó.

Salvaguarda judicial: En casos de acusaciones por delitos comunes, se solicita aplicar la amnistía si se demuestra que los cargos fueron fabricados como fachada de persecución.

Derogatoria de instrumentos de control: El documento solicita la derogación inmediata de la Ley contra el Odio, la Ley de Fiscalización de ONGs y la Ley de Extinción de Dominio, por considerarlas herramientas que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la propiedad.

El documento concluye con una solicitud formal a la presidenta del Consejo Legislativo, Yaniret Chacón, y a los miembros de la Comisión, para que estas propuestas sean incorporadas en el debate y sanción definitiva. Delgado reafirma que “esta Ley, fortalecida con una visión empresarial, es la herramienta para transformar el conflicto en productividad”. // Maryory Bustamante