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26 de junio de 2024
En el análisis que Carlos Casanova Leal hace de la alteración y estancamiento de la economía en la frontera colombo-venezolana, considera como una imperiosa necesidad que esta recupere su normalidad, para que retome la vida comercial legal que existía cuando permanecía abierta.
“La situación actual produce informalidad económica, que no es reproductiva, no le sirve ni a Colombia ni a Venezuela; se debe abandonar la dinámica económica impuesta en las trochas, ya que es una actividad parasitaria”.
El abogado tachirense señala que reactivar la frontera es una decisión que el Gobierno nacional debe tomar, “en razón de que fueron las medidas que el mismo gobierno fue tomando en materia económica de intervención, las que incidieron en que en la zona de mayor crecimiento de la empresa familiar, pequeña y mediana industria, así como el comercio fronterizo, cerraran”.
De acuerdo a su explicación, son sumamente importantes los beneficios que hay implícitos en la reapertura, ya que retomar el camino de la reactivación pasa por restablecer los derechos de libertad económica para los ciudadanos, libre empresa y competencia, así como el libre acceso al mercado, permitir la inversión privada nacional y extranjera, toda vez que se requiere la dotación de equipos de última tecnología, como consecuencia de la obsolescencia del actual parque industrial.
“Más que una ley de zona económica, que en otros tiempos de prosperidad no existió, es necesario el cumplimiento de la Constitución bolivariana, en materia económica, seguridad jurídica y respeto por la propiedad privada”.
Por su conocimiento y experiencia en el tema de la frontera, deduce que para que el eje San Antonio y Ureña sea fuerte nuevamente, se requiere, en principio, el mismo marco normativo que les permitió como sociedad estar activos e integrados al comercio en San Antonio de línea blanca, y a Ureña en la actividad industrial.
“Se ha perdido tiempo, oportunidades y muchísimo dinero con la intervención del Estado en la economía, llevándola a una planificación central; es tiempo que admitan el fracaso de estas políticas y retomar la actual Constitución bolivariana, para aprovechar nuestras capacidades competitivas en el comercio e industria, que ya no solamente es para Venezuela y sus estados de frontera, sino para fortalecer la interrelación intrafronteriza del Táchira y Norte de Santander, como la propia relación binacional entre Venezuela y Colombia”.
A su juicio, es un error avanzar en una zona bajo condiciones especiales para la producción con destino exclusivo de exportación, si no se garantiza que el resto de los municipios de frontera puedan retomar la normalidad económica derivada del cumplimento de la Constitución bolivariana, en razón de que en el primer caso los productores serían privilegiados por el gobierno, de poderles facilitar su instalación para dichos propósitos, excluyendo al resto de los ciudadanos, privándolos de sus derechos económicos.
Piensa que lo correcto es que todos tengan acceso al comercio e industria para la zona de frontera nacional y para el país, así como para el comercio intrafronterizo y binacional, y otra industria bajo condiciones especiales para la exportación con destinos distintos a Colombia, para que no exista una competencia de exportación desleal.
“El gobierno de Maduro tiene la palabra, fue el que cerró la frontera e impuso políticas económicas que provocaron el cierre del comercio y la industria; si quiere un resultado distinto, debe revertir sus propias decisiones”, concluyó.
Norma Pérez
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