Política
“La Ley de Minas sacrifica la democracia directa y la ecología por la renta”

Casanova propone la imprescriptibilidad de los delitos ambientales y de corrupción, junto con la nulidad absoluta de contratos viciados para proteger el patrimonio de las futuras generaciones

“La Ley de Minas sacrifica la democracia directa y la ecología por la renta. Un contrasentido que no podrán explicar ni justificar los diputados y el Gobierno es el hecho de que el resultado de la consulta popular sea precisamente que las comunidades no tienen posibilidad de opinar ni ser consultadas”, así lo manifestó el analista político y economista Carlos Casanova Leal.

Además, emitió una alerta sobre el nuevo anteproyecto de Ley de Minas, calificándolo como un instrumento que prioriza el beneficio económico inmediato sobre la preservación ambiental y los derechos ciudadanos.

Según el analista, el texto legal debilita la consulta obligatoria a comunidades indígenas y locales, supeditándola a un ambiguo “interés nacional”. Este concepto pasaría a sustituir el Derecho constitucional a ser consultado, lo que Casanova describe como el “entierro” de la democracia directa en los territorios afectados por la minería.

Uno de los puntos más críticos señalados es la falta de garantías financieras reales para la remediación ambiental. Mientras que las leyes modernas a nivel internacional exigen fianzas bancarias previas a la explotación, este anteproyecto deja la recuperación de las áreas degradadas a la “buena fe” o a multas posteriores.

“Una multa nunca servirá para reparar el daño ecológico ambiental, y por el otro, la sanción pierde valor con la inflación, perdiendo su carácter reparador”, explicó el economista, resaltando la ineficacia de los castigos monetarios en el contexto macroeconómico actual.

Casanova calificó de “grave” la eliminación de las zonas de exclusión por valor ecológico. Bajo este nuevo esquema, cualquier área puede ser declarada estratégica a discreción del Ministerio de turno. Esto elimina de facto la jerarquía de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), dejando al ecosistema sin contrapesos legales.

“Si consideramos que Venezuela es el país con mayor aceleración de deforestación de la cuenca amazónica, entenderemos lo que significa que sea un funcionario el que decida y no una reglamentación”, advirtió.

El análisis destaca que el proyecto no contempla la revisión de actos administrativos o sentencias derivados de actos de corrupción. Asimismo, señaló la ausencia de un régimen de responsabilidad patrimonial severo para los funcionarios que, por omisión, permitan la deforestación masiva.

Ante este panorama, Carlos Casanova propone incluir en el texto legal tres pilares fundamentales para evitar una catástrofe institucional y ecológica: “Imprescriptibilidad de los daños ambientales y de los delitos de corrupción funcionarial. Nulidad absoluta de las concesiones obtenidas mediante actos espurios o corruptos. Responsabilidad solidaria del Estado y de los funcionarios por los daños permanentes producidos por sus decisiones”.

Finalmente, Casanova hizo un llamado de atención a los parlamentarios, instándolos a convocar a expertos antes de proceder con la aprobación de una ley que define como “de ganancia rápida y pasivo eterno”.

“Las estadísticas de deforestación en Venezuela indican el nivel de debilidad institucional. Si los diputados no invitan a los expertos, aprobarán un proyecto con debilidades donde recaerá la responsabilidad de la tragedia ambiental por la discrecionalidad de decisiones sin límites”, concluyó. // Maryory Bustamante