Política
“La paz social requiere anular la Ley contra el Odio”

Freddy Kelly denuncia que la ambigüedad en la definición del “odio” permite una aplicación discrecional de la ley, resultando en penas de hasta 20 años de prisión

“Si aquí quieren que de verdad haya reconciliación y paz, hay unos instrumentos que deben desaparecer: La Ley del Odio, la Ley Simón Bolívar, la Ley de la Ocupación Temporal y la Ley de Expropiación tal como está concebida”, sentenció el abogado y exdiputado del Parlamento tachirense Freddy Kelly, durante una reciente intervención mediática.

Para el jurista, la estabilidad social y política del país pasa necesariamente por un desmontaje de lo que denomina “instrumentos de persecución”, señalando que el marco legal actual mantiene las garantías ciudadanas bajo un estado de restricción constante.

En este sentido, Kelly hizo un llamado urgente a desarticular el Decreto 5.200 del Estado de Conmoción Externa, argumentando que la población desconoce que, bajo este instrumento, las libertades individuales se encuentran severamente reducidas.

Uno de los puntos más críticos abordados por Kelly fue el análisis de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El abogado calificó este texto como una de las normas “más perversas” promulgadas en la historia reciente de Venezuela, debido a la ambigüedad que permite su aplicación.

“La Ley de Odio es una de las leyes más perversas que se han venido a promulgar en este país. ¿Saben lo que significa que, por una forma discrecional de algún funcionario, que tú no sabes ni yo sé cómo se configura el odio, se aplique una sanción?”, cuestionó.

El exdiputado comparó la interpretación del “odio” con conceptos subjetivos como el amor o la belleza, advirtiendo que lo que para un ciudadano es una crítica firme, para un funcionario puede ser catalogado como un delito: “Si tú ves a todos los presos políticos, la acusación es ‘incitación al odio’. ¿Cómo configuras eso? ¿Bajo qué estándares?”.

Kelly denunció que las sanciones establecidas en dicha ley, que oscilan entre los 10 y 20 años de prisión, son desproporcionadas y superan incluso las penas por delitos graves como el homicidio.

Esta realidad, a su juicio, ha instaurado un clima de miedo que afecta no solo a líderes políticos, sino a ciudadanos comunes y administradores de grupos de mensajería.

En el ámbito comunicacional, el impacto es igualmente devastador. Kelly explicó que la ley obliga a los medios de comunicación a la autocensura bajo amenaza de cierres o multas asfixiantes:

“Los medios de comunicación se tienen que autocensurar. Si en un programa se dice algo y no se desmonta en las próximas seis horas, corres el riesgo de una multa del 4 % de los ingresos brutos o que te quiten la concesión”.

Finalmente, el abogado subrayó que esta normativa también pende sobre los partidos políticos, los cuales pueden quedar inhabilitados si su discurso es interpretado arbitrariamente como incitación al odio.

“Esa ley da para todo. Es una espada que tienes en el cuello permanentemente a discrecionalidad de los funcionarios. No llama a la concordia ni a la tranquilidad de la gente”, concluyó Kelly, reiterando que la democratización de Venezuela requiere una limpieza profunda del andamiaje legal que hoy limita el debate público y la disidencia. // Maryory Bustamante