Durante el programa semanal de radio  “Reporte Bernal”,  el representante del Gobierno Nacional en el Táchira  Freddy Bernal, advirtió que para surtir combustible (solo a los productores) no se debe consignar “ni el certificado de COVID-19, ni salvoconducto”, y seguidamente instó a denunciar a los funcionarios que incurran en esta práctica.

Aseguró que se han conocido casos en que algunos funcionarios apostados en estaciones de servicio del Táchira están solicitando estos parámetros a los productores que desean abastecer de combustible sus vehículos, a quienes tildó de “corruptos”.

“No existe salvoconducto para el transporte de alimentos, ganado, insumos agrícolas, solo se exige la guía de carga”, manifestó.

“Las mafias no se van a acabar”

Con respecto a las “mafias del combustible” el principal enlace gubernamental sostuvo que estás “no se van a acabar en este estado”, sin embargo, alegó que el Gobierno Nacional ha mantenido una “batalla permanente” contra está ilegal práctica. “Aquí hemos metido presos a dueños de estaciones de servicio, policías, contrabandistas”.

Por su parte, Nellyver Lugo, vocera del Gabinete de Combustible del estado Táchira, indicó que han sido atendidos más de 500 usuarios pertenecientes al sector productivo, “tanto de la empresa pública como privada”.

Hace días se observó una larga cola en la estación de servicio Caneyes, retrasando el proceso de distribución de combustible, a lo que Lugo justificó diciendo que la gandola llegó a las 10 de la mañana, “más los 40 minutos de trasegado” ocasionó una demora.

Agregó que generalmente la bomba inicia labores a las 7 de la mañana y culmina a las 2 de la tarde, acoplándose al decreto de excepción.

Asimismo, la también diputada al Consejo Legislativo del Estado Táchira aseguró que el Gabinete de Combustible atiende constantemente a los organismos dependientes de la gobernación, aquellos empalados en el plan de contingencia, como Corposalud, Corpointa, Protección Civil y Caimta.

Severas sanciones a la especulación

“Una ola expeculativa y criminal se ha desatado en el estado. Algunos empresarios, pequeños comerciantes, y hasta bodegueros, se han sumado a esta locura especulativa”, denunció Bernal.

En ese sentido, el vocero advirtió que se está colocando en marcha un plan de inspecciones protagonizado por un equipo multidisciplinario, conformado por organismos de control de precios y seguridad nacional, con la finalidad de salvaguardar la soberanía alimentaria.

Alegó que serán “severos” al momento de aplicar sanciones contra aquellos comerciantes que incurran en delitos como especulación y acaparamiento.

Luz Adriana Vivas, directora de comercio, anunció que hasta los momentos han supervisados un total de 212 negocios, a lo largo y ancho del estado Táchira; farmacias, abastos, carnicerías y empresas productoras.

Entre las sanciones que podrían recibir quienes incurran en estas prácticas ilegales están las multas, ajuste de precios, ventas controladas de la mercancía.

Vivas explicó que aquellos comerciantes que tengan sobre sus productos un margen de ganancia superior al 30% están cayendo en la especulación.

La funcionaria hizo un llamado al pueblo tachirense a denunciar cualquiera de estos actos al número telefónico 0412-750.80.39, en Facebook y Twitter  al Sundde o al correo electrónico [email protected].

Desmintió los rumores de que el Gobierno Nacional había fijado en 3.5 dólares el precio de la carne.

“Entendemos que hay una circulación de divisas, pero si la persona le dice que va a pagar en bolívares, usted (comerciante) está obligado a recibirle bolívares. Aquel comerciante que se niegue a recibir bolívares será sancionado”, apuntó Bernal.

Finalmente, el protector dijo contar con el respaldo de Asogata y Fedecámaras, quienes también se han unido a las denuncias sobre especulación, en especial en productos como huevos, quesos, lácteos y carnes.