Política
“No pedimos limosnas, exigimos justicia salarial”

Los gremios exigen un sueldo base de 600 dólares anclado a la canasta básica y denuncian que la política de bonos profundiza el empobrecimiento y la inflación en el estado

Lo que debió ser una jornada de conmemoración por el Día Internacional del Trabajador se transformó en San Cristóbal en un grito de descontento.

Desde las inmediaciones del Obelisco hasta la plaza Daniel Tinoco en la avenida Carabobo, un nutrido grupo de personas conformado por docentes, personal de salud, empleados públicos y jubilados, además de dirigentes políticos, tomaron las arterias viales de San Cristóbal para sentenciar lo que califican como una “humillación” por parte del Ejecutivo nacional.

El detonante fue el anuncio presidencial de incrementar bonificaciones sin aparentemente tocar el salario mínimo base, una medida que los gremios tachirenses consideran el acta de defunción de los derechos laborales en Venezuela.

La movilización, que inició con el despliegue de una bandera nacional de gran escala, recorrió puntos estratégicos, pasando por la sede de Cotatur y descendiendo por toda la avenida Carabobo hasta culminar en la plaza Daniel Tinoco.

Entre las pancartas que denunciaban la falta de un salario justo destacaron los mensajes de familiares de presos políticos, quienes se sumaron a la movilización con consignas que exigían la “Libertad para los presos políticos”

A su paso, se oían las consignas “Salario justo, libertad, libertad”

“No estamos pidiendo limosnas; estamos pidiendo un salario digno con el que podamos cubrir la canasta básica. Ese salario de miseria no cumple con lo que nos merecemos”, afirmaba con contundencia un docente durante el recorrido.

La protesta estuvo cargada de una fuerte carga simbólica. Entre la multitud, destacaba un manifestante disfrazado de “la muerte” que cargaba un féretro con las siglas ONAPRE (Oficina Nacional de Presupuesto), representando cómo este instructivo ha “sepultado” las tablas salariales y las contrataciones colectivas.

Las pancartas reforzaban el mensaje: “El Ejecutivo lanzó un ancla de bonos que siguen hundiendo el salario base”. Para los trabajadores, la política de bonificación no es una solución, sino un mecanismo que anula sus prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos.

Gerardo Ramírez, secretario nacional y presidente de la Federación Nacional de Educadores de Venezuela, fue uno de los portavoces más severos.

“Nuevamente la administración se burla de la clase trabajadora con anuncios sin anuncios. Nos sentimos indignados porque han pretendido jugar con el dolor y la tragedia de los venezolanos”, aseveró Ramírez, calificando la jornada como el inicio de una “peregrinación” hasta lograr que se respete el Artículo 91 de la Constitución.

Por su parte, Douglas Barboza, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, tildó de “irresponsable” el manejo de las finanzas públicas.

Barboza fue claro en la aspiración del sector académico y laboral: “El salario mínimo debe anclarse a la cesta familiar. Debe estar alrededor de los 600 a 650 dólares. No es posible que se hable de un ingreso mínimo integral omitiendo el salario mínimo legal”.

Más allá de las cifras, está también el sentir de quienes ven en el salario justo la única vía para frenar la migración.

“Queremos que nuestros jóvenes regresen al país”, exclamó una trabajadora, enfatizando que la recuperación de la democracia y la libertad de Venezuela pasa necesariamente por la dignificación de quienes sostienen el país con su labor diaria.

Por otro lado, el dirigente político Fernando Andrade ofreció una lectura crítica sobre el impacto macroeconómico de las medidas gubernamentales, asegurando que el aumento de bonificaciones es, en esencia, un factor que profundizará la crisis.

Definió el anuncio como un “empobrecimiento al bolsillo de los venezolanos”, advirtiendo que, sin una base productiva, estas medidas solo generarán mayor inflación.

El dirigente denunció que el país continúa “postrado” debido a la falta de un proceso productivo real. Señaló específicamente el abandono de los parques industriales del Táchira, mencionando zonas críticas como La Fría, Ureña, Barrancas y los galpones de Paramillo, actualmente inactivos.

Subrayó que la economía tachirense sufre un castigo adicional mediante el sistema eléctrico: “Nos siguen quitando la luz de manera intencional en todos los municipios y parques industriales”, sentenció, vinculando la precariedad salarial con el colapso de los servicios públicos.

Los testimonios coinciden en un diagnóstico alarmante: El magisterio y los trabajadores públicos se encuentran en un “estado de sobrevivencia”.

La imposibilidad de acceder a servicios básicos de salud y alimentación ha convertido el ejercicio profesional en un acto de heroísmo o, para muchos, en una “condena a la pobreza extrema”.

La jornada cerró con la entonación del Himno regional y una asamblea en la plaza Daniel Tinoco. Los líderes sindicales advirtieron que esta movilización no es un cierre, sino el combustible para una nueva etapa de presión social. // Maryory Bustamante