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«No somos bandidos ni corruptos; exhorto a que el presidente del Concejo Municipal nos escuche jurídicamente”, declaró Elio Ramírez, síndico procurador de la alcaldía de San Cristóbal, quién junto a Rosa Uribe, directora de la oficina de Hacienda Pública, fue señalado de presuntos casos de corrupción
Por ello, los funcionarios ofrecieron este viernes una rueda de prensa, en la que explicaron su posición ante este caso, alegando que no tienen nada que ver con algún hecho delictivo ni de corrupción.
Rechazaron los calificativos de “bandidos” y “corruptos” que han espetado contra ellos ante una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Tributario, región los Andes.
«Exhorto al presidente del Concejo Municipal y demás concejales, a que se nos escuche y poder explicar, jurídicamente, este caso. Esto debió hacerse antes de enlodar nuestros nombres, porque tengo 35 años de servicio al municipio y es la primera situación que atravieso con un tema así; la forma no es llamarnos bandidos o corruptos; tengo familia, por eso queremos determinar y aclarar esta situación», destacó Ramírez.
Acotó también que la sindicatura representa jurídicamente al municipio y que actúa cuando el tribunal admite la demanda por ley del poder público municipal, «pero debieron citarnos es allí, donde se pide el expediente a las diferentes direcciones, tales como Contraloría, Concejo Municipal, Alcaldía y Consejo de Planificación Pública, e iniciamos por verificar cada acto y procedimiento”
Por su parte, Uribe dijo haber resultado «extrañada» por los señalamientos contra ellos a través de las redes sociales, rechazándolos y negando cualquier hecho delictivo.
«Se habla de un establecimiento comercial donde se verificaron todos los requisitos que establece la ordenanza de actividades económicas, deberes formales, entre otras legalidades, ya que supuestamente este local operaba sin licencia de actividades económicas, aun cuando a este establecimiento, desde el año 2012, este requisito le fue expedido por la gestión municipal que ejercía en ese momento”, señaló.
Sostuvo que la Ordenanza de Actividades Económicas contempla sanción de cierre temporal solo cuando el local comercial no ha realizado los pagos correspondientes y se le da el plazo de cinco días para esta cancelación, más multas e intereses, y de no existir la licencia debida se hace el cierre total del establecimiento, «lo cual no procede en este caso».
Extraoficialmente se supo que el burgomaestre capitalino, Gustavo Delgado, en los próximos días procederá a separar a los funcionarios de sus cargos, para que sean investigados y se aclaren sus respectivas responsabilidades ante esta polémica que sacó a la luz pública el presidente de la cámara municipal, Javier Flores Olarte.
Favio Hernández
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