Política

Opacidad en fondos manejados por Guaidó compromete $24.000 millones

5 de octubre de 2021

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Citgo afronta unos 60 litigios que podrían culminar con la venta de los activos de la empresa, mientras que Monómeros se somete a un plan de salvamento propiciado por el gobierno colombiano, ya que se dirigía a una inminente quiebra pese a balances positivos presentados por la gestión de Guaidó, por lo que Transparencia Venezuela exhorta a presentar balances claros

La Asociación Civil Transparencia Venezuela presentó un informe con una serie de denuncias dirigidas a la administración liderada por Juan Guaidó, especialmente debido a la opacidad que ha protagonizado la gestión de los activos de la República en el extranjero.

Una de las premisas de la administración de Juan Guaidó fue la de proteger los activos de Venezuela en el exterior, que afrontan el riesgo de ser intervenidos e incluso expropiados en sus respectivos países debido a deudas que contrajo la administración chavista durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Sin embargo, a más de dos años y medio de la autojuramentación de Guaidó, Venezuela sigue afrontando al menos 60 litigios en el extranjero que esperan una resolución desde, al menos, 2017 y que ponen en riesgo activos por el valor de aproximadamente 24.000 millones de dólares.

Para poner en contexto la cantidad de dinero que representan los activos en el exterior, el último balance semestral que se posee sobre las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV) apunta a que se conservan unos 6.184 millones de dólares, una cuarta parte del valor de los activos.

Si bien es cierto que la situación fue provocada por las políticas económicas del chavismo, Transparencia Venezuela resalta que la oposición tiene su grado de responsabilidad y que resulta preocupante la casi inexistente transparencia practicada en las labores de administración de los activos y la defensa judicial encabezada por el interinato.

Resaltan las advertencias propiciadas por el Procurador Especial aprobado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Enrique Sánchez Falcón, al afirmar que el Parlamento no ha cumplido con su obligación de aprobar los recursos que asignados para pagar los gastos de los procesos judiciales para defender las empresas del Estado.

«Al Poder Legislativo ha correspondido aprobar los recursos económicos para pagar a los abogados que ejercen la representación judicial en los litigios, los cuales sin excepción se han originado de actuaciones inconstitucionales de los gobiernos de Chávez y Maduro. Pero, la Asamblea Nacional no ha atendido debidamente sus obligaciones de proveer la aprobación de esos recursos económicos», destacó.

Para este se utiliza un Fondo de Litigios para el cual se autorizó un gasto máximo de 24 millones. De esta cantidad, la AN reconoció deudas por pagar, hasta octubre de 2020, de unos 18,7 millones de dólares. Esta cantidad no incluye compromisos con firmas que hacen seguimiento a los casos desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2021.

De estos 18,7 millones de dólares adeudados para los gastos judiciales, la Junta Administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) aprobó un desembolso de 10,1 millones. «Para julio de 2021 quedaban 8,6 millones de dólares por ejecutar para honrar deudas de 2020», alerta Transparencia Venezuela.

En este sentido, destacan que la opinión pública desconoce la razón de esta situación y no ha recibido explicación alguna de la Comisión Delegada o de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional sobre la alerta del Procurador sobre los fondos necesarios para pagar los gastos judiciales.

«La Comisión Delegada de la AN compromete su responsabilidad jurídica y política al no aprobar los recursos para esta importante tarea y para la apertura de investigaciones de la Procuraduría Especial», insisten.

Las deudas de Citgo

La filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo, y la filial de Pequiven en Colombia, Monómeros, son los dos activos venezolanos en el extranjero de mayor importancia. Ambos corren el riesgo de caer en manos de privados o de gobiernos extranjeros por la inacción del interinato.

En el caso de Citgo, el peligro de perder la empresa proviene de los bonos Pdvsa 2020 emitidos por el gobierno chavista, ya que usó a la filial de Pdvsa como garantía. Esto quiere decir que, en caso de impago, los acreedores podrían reclamar las acciones de la compañía.

El Gobierno no pudo pagar y los acreedores se preparaban para reclamar su deuda, pero la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que impide comercializar con las acciones de la empresa.

A esta deuda se suman litigios contra el Estado por expropiaciones efectuadas por el gobierno de Hugo Chávez contra transnacionales que operaban en Venezuela, como Crystallex o ConocoPhillips.

La deuda con Crystallex asciende a 1.200 millones de dólares y un juez del juzgado de Delaware ordenó a Venezuela a pagarla, por lo que autorizó la venta de los activos de la empresa para compensar a la compañía canadiense. No obstante, este proceso también está estancado debido a la licencia de la OFAC.

En otro frente, el Tribunal del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ordenó en 2019 a Pdvsa indemnizar a ConocoPhillips con 8.700 millones de dólares más intereses (unos 10.000 millones más), debido a expropiaciones de inversiones petroleras en suelo venezolano.

Tanto Crystallex como ConocoPhillips intentan acceder a los activos de Citgo para cobrar la indemnización, pero la licencia de la OFAC protege a la compañía venezolana, al menos hasta enero de 2022, cuando se vencerá el permiso si las autoridades estadounidenses no lo renuevan.

Sin embargo, las limitaciones presupuestarias para la defensa de Venezuela en esos litigios reduce la posibilidad de proteger los activos en esos procesos, incluso en casos en los que podría ganar si se atendiesen debidamente.

Desastre en Monómeros

Por otra parte, figura Monómeros, que desde 2019 controla una junta administradora ad hoc designada por el interinato, que de inmediato fue señalada por casos de corrupción tanto por parte del senador colombiano José David Name, como del exembajador designado por Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti.

Las denuncias fueron ignoradas y la junta administradora ad hoc de Pequiven presentó indicadores de la gestión de Monómeros, en la que incluso exhibieron logros y avances en la estructura administrativa y operativa de la compañía.

Los resultados distaron de la realidad, pues apenas dos meses después, la Superintendencia de Sociedades de Colombia tomó la decisión administrativa de control sobre Monómeros, con la finalidad de promover la presentación de planes y programas de mejoramiento para subsanar situaciones críticas.

Pese a la decisión de la junta directiva de Monómeros de apelar la medida y acoger un plan de salvamento del gobierno colombiano, no hay ninguna aclaratoria pública por parte de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional ni su Junta Directiva sobre las razones por las cuales la empresa colapsó hasta tal punto.

No rinden cuentas

Entre los días 21 y 28 de julio de este año se efectuaron diversos actos de rendición de cuentas ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015. En ellas se evaluaron los desempeños del Consejo de Administración del Gasto del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, las Juntas Administradoras Ad Hoc de las empresas propiedad del estado (EPE): Pdvsa y filiales, Pequiven y filiales, CVG y Bandes; la Junta Administradora Ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) y el Procurador Especial de la República.

Sin embargo, esta rendición de cuentas presentó varios problemas que enumera Transparencia Venezuela como elementos que dejan en evidencia la insuficiente transparencia de estas instancias de la administración interina:

1- Los documentos presentados no incluyen a todas las instancias de la administración de Guaidó. «Aún no conocemos las rendiciones del Contralor Especial, del Consejo Nacional de Defensa Judicial y de la propia Presidencia», destacan.

2- El Consejo de Administración del Gasto, responsable del Fondo de Liberación, no publicó un informe exhaustivo con los datos de la administración financiera. Se explicaron los desafíos y los logros en la ejecución de recursos, pero no se detallaron las fuentes de ingreso ni las fechas de disponibilidad.

3- El informe de la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa incluyó el trabajo de la oficina del Procurador Especial para proteger los activos, así como el fortalecimiento corporativo de PDV Holding y sus filiales, pero tras anunciar que entregaron estos informes y sus soportes, esta información no está disponible para el público.

4- La Junta Administradora ad hoc de Pequiven presentó indicadores favorables, pero no fue publicada la presentación ni el informe con los soportes correspondientes. «Esa rendición optimista, abundante en logros, no permitía advertir que en menos de dos meses sería intervenida con una medida de control por el Gobierno de Colombia y ahora es preciso un plan de salvamento para recuperarla», destaca Transparencia Venezuela.

5- Las escuetas rendiciones de CVG y Bandes no se acompañaron de presentaciones ni están disponibles los documentos de soporte respectivos.

6- La Junta Administradora ad hoc del BCV presentó información sobre la administración y custodia de fondos del país en el extranjero, los montos de préstamos para el Fondo de Litigios y el Fondo de Liberación del Pueblo, y desembolsos de gastos legales del BCV. Sin embargo, no se explican las diferencias entre los montos acordados y los efectivamente ejecutados. «En la página oficial del ente, aunque se publica el movimiento de los fondos, la información está muy agregada y no está disponible en formato editable», acotan.

7- Finalmente, Transparencia Venezuela no objetó la presentación de la oficina del Procurador Especial. «Es un poco más exhaustiva y muestra información financiera y no financiera de los distintos procesos judiciales llevados a cabo, logros alcanzados y un balance de los gastos causados, pagados y la deuda actual, así como la identificación y análisis de los casos en litigio de diversos entes de la República, y datos sobre los recursos del Fondo de Litigios», detallan.

Transparencia Venezuela fustiga la opacidad

Ante este análisis, recalcan que la asociación ya había instado a los responsables del Fondo para la Liberación de Venezuela a rendir cuentas y publicó una serie de sugerencias con «contenidos mínimos que deberían considerarse en documentos presupuestarios», pero la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional no parece haberlas tomado en cuenta, pues está en deuda con la transparencia en la administración de 14 millones de dólares otorgados por el Fondo para la Liberación.

De igual forma, denuncian que en el portal de la AN o de la administración opositora no hay información pública ni datos de gestión. No figuran los registros de contratos autorizados por el interinato y se hace imposible auditar a las comisiones parlamentarios.

Puntualizan además en la debilidad de la Contraloría Especial, pues tras la designación de Juan Pablo Soteldo Azparren como contralor especial y la creación de un Consejo de Contraloría, no se han precisado datos de gestión.

«A más de un año del inicio de la gestión del contralor, no se conoce la estructura oficial del organismo ni las actuaciones realizadas. La ausencia de una institución de control con una verdadera capacidad para velar por el resguardo y buen manejo de los recursos públicos es una grave falla, más aún, en un contexto de emergencia humanitaria como el que sufre Venezuela, ya que se pone en riesgo la distribución de recursos a quienes más los necesitan», destacan.

En este sentido, la asociación hace un llamado a acabar con la opacidad, que solo genera conflictos de interés, abuso y corrupción. Recuerda que los organismos públicos deben ser capaces de controlar y proteger bienes públicos con transparencia y efectividad, una urgencia que debe entender al administración de Guaidó.

«Hacemos un llamado al Gobierno interino, a su presidente Juan Guaidó, y a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 que respondan al país sobre todas las alertas que se han expuesto por sus mismos funcionarios y a través de medios de comunicación; que rindan cuentas de calidad publicando los informes con soportes y en formatos abiertos. Que promuevan investigaciones independientes y presenten resultados de las denuncias hechas», subrayan para hacer luego un exhorto similar a la administración de Maduro.

Tal Cual

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