El diputado a la AN Ezequiel Pérez exhortó a los representantes de la Contraloría General del estado Táchira a que “asuman la responsabilidad de hacer un inventario del parque automotor y los bienes de Corpointa, antiguo DIMO, ya que allí había maquinarias de oruga, cargadores, retroexcavadores, camiones, y se comenta que muchos de esos equipos están fuera de la institución y fueron desviados a empresas y fincas de sectores privados, a sabiendas que son del Estado”.

El legislador expuso: “Se tiene conocimiento de que, por ejemplo, el esposo de la gerente general de Corpointa estuvo involucrado en un accidente con muertos cuando viajaba a bordo de una camioneta nueva oficial que se tenía asignada la funcionaria, y nadie ha dicho nada de eso”.

—Queremos saber cuál es el status de los carros y bienes de cada institución porque vienen cambios de Gobierno, y hemos citado el caso solo de Corpointa; pero la situación se repite en varias dependencias de la Gobernación del Táchira, como el Instituto de Vialidad del Táchira, Cobiserta, Fundesta, Caimta ¿Ese parque automotor está completo o no? ¿por qué mucho está paralizado? Parece un cementerio de parque automotor entre maquinarias y vehículos de los diferentes organismos— expresó Pérez.

Insistió el parlamentario adeco que: “Es bueno cuando el Gobierno regional saliente haga entrega formal del poder sepa qué es lo que hay, ya que hasta ahora no existe ningún tipo de control por parte de los entes pertinentes, muchas de esas unidades de han ido destruyendo, desde los tiempos de Ronald Blanco La Cruz; además, el Gobierno ordena la desincorporación de unidades y equipos y eso se presta para “negocios jugosos”, por ejemplo que un amigo del gobierno compre ese material y le saca provecho a la denominada chatarra”.

—Así como sucedió en la Alcaldía de Libertador, donde muchísimos carros y camiones fueron vendidos sin autorización de la Cámara Municipal y el contralor municipal, cuando es sabido que si se va a desincorporar cualquier equipo o vehículo, debe contar con la vía de las dos terceras partes del Consejo legislativo y la aprobación de la Contraloría General del Estado— refutó el diputado Ezequiel Pérez.

(Leidy Zafra)