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25 de noviembre de 2024
“Estanos en presencia de una persecución al sector agropecuario, donde algunos de los hacendados o empleados de hatos y fincas en el municipio apureño de Rómulo Gallegos fueron detenidos y les colocaron alias, la mayoría de ellos inventados. Lo que pasa es que los hacendados están atrapados: o colaboran con la guerrilla o colaboran con el gobierno; están en un estado de indefensión”.
De esta manera, el diputado jubilado Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo, ONG que defiende los derechos humanos, dio lectura a las recientes detenciones de al menos 10 personas en el estado Apure, a las que el gobierno nacional llamó paramilitares, vinculándolas con el conflicto armado registrado en esa entidad, entre marzo y mayo, mientras que en un reporte militar las denominan como presuntos miembros o colaboradores de las disidencias de las FARC.
—Es que eso ni siquiera tiene que ver con ese conflicto, porque es otra área -explicó-. Los sucesos ocurrieron en el municipio Páez y estas detenciones las practicaron en Elorza, municipio Rómulo Gallegos. Los productores agropecuarios, repito, están en medio de un fuego cruzado, porque si se niegan a las pretensiones de la guerrilla, se exponen a represalias; y lo mismo ocurre con respecto al gobierno. Pero no hay ninguna vinculación geográfica entre los sucesos, que iniciaron el 21 de marzo, en la parroquia Rafael Urdaneta y estas aprehensiones; son dos hechos completamente diferentes.
“Ahora vienen con un cuento de que consiguieron vínculos de guerrilleros con estos hacendados y obreros, y, por ende, con esos hechos. Por eso, consideramos que es una persecución. Y no descartamos que esto forme parte de la estrategia para vincular a activistas de la otra ONG (FundaRedes), que fueron, junto conmigo, los que más investigamos los sucesos del Alto Apure, especialmente Javier Tarazona y otros; incluso, por esos días, algunos de ellos fueron detenidos en La Victoria, junto con un camarógrafo y un periodista de NTN24”, explicó.
Finalmente, enfatizó en que la comunidad internacional debe estar alerta, así como las organizaciones de derechos humanos, “mientras que la federación y asociaciones de ganaderos deben exigir que se investiguen bien estos hechos para evitar que se estén construyendo ´falsos positivos´ con estas personas”.
El hecho al que hace mención Márquez, de acuerdo al reporte militar, ocurrió la semana pasada. Fue un procedimiento del Conas de la Guardia Nacional y de la Dgcim, en varias fincas del municipio Rómulo Gallegos: fincas Agua Linda, La Chispa, Los Maneritos y Caracal.
Allí aprehendieron a 11 personas, sindicadas de pertenecer o colaborar con el Décimo Frente de las FARC-EP. Diez de ellas son: Marisol T; Bronco B.; José J.; José G.; Héctor R.; José M.; Erlis P.; José M; Blásido A; y Luis A., sindicados de varios delitos. (MB)
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