Tramitar la suspensión en el ejercicio del cargo como fiscal de la Corte Penal Internacional –CPI- a Fatou Bensouda, solicitarán al jefe del Mecanismo de Supervisión Independiente (MOI) de dicha institución internacional, Saklaine Hedaraly, el abogado penalista Carlos Ramírez López  y el diputado jubilado a la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, al analizar y consignar pruebas que inculpan a la funcionaria como grave violadora de derechos humanos en su país natal, Gambia.

“Conforme al numeral 1 del artículo 46 del Estatuto de Roma, relativo al funcionamiento de la Corte Penal Internacional, en concordancia con la regla 24, numeral 1, literal a.ii, de las Reglas de Procedimiento y Prueba,  formulamos esta denuncia contra la fiscal en jefe, por negligencia grave en el ejercicio de sus funciones, por haber ocultado información o circunstancias de naturaleza suficientemente graves como para impedirle desempeñar el cargo, y haber cometido grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad antes de sus funciones oficiales, que son de naturaleza grave y causa perjuicios al buen nombre de la Corte”, explicó Márquez.

Precisaron los denunciantes, Ramírez y Márquez, que Bensouda participó en actuaciones personales y directas, en crueles actos violatorios de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos de su propio país, Gambia, durante la dictadura militar de Yahya Jammeh, entre los años de 1994 al 2002, a quien sirvió en varios cargos del aparato de represión judicial del régimen como fiscal, ministro de Justicia y fiscal general, lo cual quedó al descubierto a raíz de las actuaciones de la Comisión de la Verdad, Reconciliación y Reparación (TRRC), aprobada por ley de la Asamblea Nacional de Gambia, el 13 de diciembre del 2017, y promulgada por el presidente de la Republica, Adama Barrow, el 13 de enero del 2018.

Indicaron que el 11 de julio de 2019, el medio de comunicación JusticeInfo.Net, de la Fundación Hirondelle, publicó un reportaje bajo la firma de los periodistas Thierry Cruvelier y Mustapha K. Darboe, ciudadano de Gambia, quienes incluyeron un capítulo titulado “¿Se enfrentará Fatou Bensouda a la Comisión de la Verdad en Gambia?”, en el cual certifican que varios ciudadanos de aquel país, entre ellos Batch Samba Jallow y Sainey Faye declararon ante dicha comisión que la actual fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, participó personalmente en las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen militar.

El reportaje señala que Bensouda se unió a la cruel dictadura de su país en 1994, en donde se cometieron múltiples y graves violaciones a los derechos humanos, mediante prácticas sistemáticas de actos de torturas, fabricación de pruebas, detenciones ilegales, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia,  y añade que la  actual fiscal de la CPI solo dejó de participar en aquellos hechos criminales cuando en el año 2002 fue contratada para trabajar en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda,  y luego en el 2004, cuando fue nombrada fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional.

(Intertitulo)

Venezuela, caso similar

Destacó Walter Márquez que en las horas aciagas que vive Venezuela, por crímenes de lesa humanidad que viene ejecutando la dictadura de Nicolás Maduro Moros, se han hecho llegar múltiples denuncias ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, donde ni siquiera Bensouda ha presentado los resultados del examen preliminar sobre el caso, porque la fiscal cometió delitos similares en su país, entre ellos: detenciones arbitrarias, encubrir torturas y violación al debido proceso, acusando a los opositores del régimen de Yahya Jammeh de traición a la patria y negándoles al derecho a la defensa por parte de abogados.

“Por eso recurrimos ante el jefe del Mecanismo de Supervisión Independiente, para transmitirle estos hechos concretos que imputan a su titular Fatou Bensouda, como partícipe en situaciones similares en la República de Gambia, a los que se le han denunciado en relación a nuestro país y ante los cuales ella incurre en negligencia grave y complicidad por omisión, actitud por la cual actualmente cursa otro procedimiento disciplinario en la presidencia de la CPI , bajo el número 2018/PRES/00370-16”, precisó Márquez.

Señalaron Carlos Ramírez López y Walter Márquez que el Estatuto de Roma, en su artículo 42.3, exige que el fiscal debe gozar de una “alta consideración moral”, y las actuaciones de Fatou Bensouda son contrarias a la ética y la fuerza moral que debe guiar a esta funcionaria, quien está obligada a separarse del cargo por haber formado parte del aparato judicial de represión y cometer graves violaciones de derechos humanos durante la tiranía de Yahya Jammeh en Gambia, su país de origen.