Política

Un alcalde detenido y otro a la fuga por presunta corrupción en Táchira

22 de junio de 2024

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Exhortan que las órdenes de captura no tienen nada que ver con la ideología política de los alcaldes

Fany Ramírez, representante de la Contraloría del municipio Ayacucho, informó que el procedimiento legal del alcalde de esa jurisdicción, Yohnny Lizcano, es porque recibió denuncias sobre bienes faltantes en el inventario.

“Tenemos dos denuncias, una de un exconcejal y otra de una abogada del municipio, en las cuales ellos alegan que hay bienes que no están dentro del inventario; sin embargo, no sabían cuál era el destino que se le había dado a esos bienes”, explicó la contralora.

Enlazado a lo anterior refirió que la Contraloría, en el plan operativo anual del 2023, hace un procedimiento mediante el cual designa a una comisión de auditores con expertos, personas especializadas para que hagan una actuación fiscal.

“Cuando nosotros realizamos la parte investigativa, en materia administrativa, vemos que está involucrada la máxima autoridad. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República nos ordena que, si la máxima autoridad está implicada, nosotros debemos enviarlo a Caracas, la denuncia, la auditoría y todo lo que nosotros tengamos”, detalló.

Dijo que la denuncia contra Lizcano fue recibida por la Oficina de Atención al Ciudadano y la auditoría la hicieron en el marco del plan operativo anual.

“Nosotros en ese procedimiento detectamos que está implicada la máxima autoridad y que hay daño al patrimonio público. Si hay daño al patrimonio público, la ley también me ordena que debemos enviarlo al Ministerio Público y eso sucedió, lo enviamos al Ministerio Público en agosto del año pasado. Ya ahí sí corresponde al Ministerio Público las acciones contundentes, y nosotros nos desprendemos del expediente”, resaltó.

Por último, enfatizó que el alcalde Lizcano tenía conocimiento de todo el proceso en su contra, porque la Contraloría municipal le había informado.

“La corrupción no tiene color político”

Por su parte el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, destacó que la investigación del Ministerio Publico contra dos alcaldes de la entidad andina no tiene nada que ver con alguna tendencia política:

“Yo quiero recordarles que el presidente Nicolás Maduro ha sido un hombre duro contra la corrupción. Y aquí están detenidos el exvicepresidente de la República, el exministro de Finanza y altos funcionarios del Estado de Venezuela. Con ello les quiero decir que la corrupción no tiene color político y nadie puede tener impunidad ante la corrupción”.

El gobernador exhortó que las órdenes de aprehensión emitidas por el Ministerio Público son por “actos de corrupción” en el ejercicio de sus funciones administrativas como alcalde.

“Según la ley, el alcalde que he visto en las redes que está detenido debe ser presentado a acuerdo de derecho en las próximas 48 horas, y cuando lo presenten al tribunal se sabrá exactamente los delitos por los cuales va a ser imputado. Sé que hay otro alcalde en fuga, como se puede decir, que es el alcalde Rigoberto Ovallos del municipio Antonio Rómulo Costa”, puntualizó.

Caso de alcalde “en fuga”

Se conoció que el Ministerio Público dictó orden de detención contra el alcalde del municipio Antonio Rómulo Costa, Rigoberto Ovallos, horas después de la aprehensión de Lizcano.

A Ovallos lo acusan de presunto peculado doloso propio y evasión de licitación. La cuenta en Instagram Juntos por Táchira publicó que el alcalde de Las Mesas está prófugo tras ser imputado con la medida sustitutiva de libertad, información que corroboró el gobernador del Táchira.

Hasta el momento Diario La Nación no ha obtenido información oficial sobre el paradero de este alcalde. Cabe destacar que ambos alcaldes son del sector oposición, y hace poco habían anunciado su apoyo a la candidatura de Edmundo González. /Maryory Bustamante