Política
Venezuela podría crecer de 10 a 12 % entre 2026 y 2030

El Dr. Dilio Hernández expuso los diferentes escenarios que pueden llevar a la economía nacional a un crecimiento de dos dígitos o al estancamiento y crisis

Diego Mendoza

La economía venezolana se encuentra en una etapa de definiciones donde la política y la economía mantienen un “matrimonio prácticamente insalvable”. En una reciente conversación con Dilio Hernández, doctor en ciencias sociales, economista y director del Centro de Investigación y Análisis Prospectivo (CIAP), se analizaron los escenarios prospectivos para el país en el próximo cuatrienio 2026-2030, bajo la premisa de que el futuro nacional depende de dos ejes fundamentales: El entorno externo —marcado por las sanciones y licencias de hidrocarburos— y el eje interno, condicionado por las reformas y procesos electorales.

Los cuatro escenarios del CIAP

El equipo de investigación dirigido por Hernández identifica cuatro rutas posibles para el país, que varían según el grado de apertura y reinstitucionalización que se logre alcanzar.

En el escenario ideal de renacimiento estructural,calificado como“escenario oro” se contempla una apertura económica total verificable y un acuerdo político integral. Este camino conduciría a una reinstitucionalización del país con aval de organismos internacionales.

Por otra parte, se tiene la posibilidad de una recuperación inercial, apodada “escenario plata” en el cual se mantendrían las licencias activas en el mercado de hidrocarburos, pero sin reformas de fondo en la política venezolana, preservando el modelo actual bajo una “normalización controlada”.

Hernández también señaló la posibilidad de lo que llama un“escenario bronce” de resiliencia estancada. Este caso implica un endurecimiento de las sanciones, lo que obligaría al Estado a buscar reformas parciales, privatizaciones y concesiones sin una verdadera reinstitucionalización.

Por último, habló de un panorama de mayor riesgo, caracterizado por una ruptura total de los equilibrios precarios, hiperinflación, caída de la demanda y aislamiento internacional, lo que representaría una situación de alta fragilidad y crisis.

El impacto de la industria petrolera y el financiamiento

Para el Dr. Hernández, el “escenario oro” permitiría que la industria petrolera produzca en el corto y mediano plazo alrededor de 1.5 millones de barriles diarios. Esta reactivación generaría ingresos anuales de entre 28.000 y 30.000 millones de dólares.

“Si son bien utilizados, redireccionados hacia el aparato productivo, podríamos tener una política dirigida a mejorar toda la infraestructura económica que tiene el país: infraestructura petrolera, eléctrica y comunicacional”, explicó el internacionalista.

Además, este renacimiento facilitaría el acceso a organismos multilaterales, permitiendo el ingreso de unos 5.000 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional para estabilizar el mercado cambiario y atender los servicios públicos. Bajo estas condiciones, se estima un crecimiento del PIB de entre el 10 y el 12 %, con una inflación que podría situarse por debajo de los dos dígitos.

La crisis de los servicios y la realidad fronteriza

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la situación de los servicios básicos y la competitividad en las regiones. Hernández señaló que el colapso del sistema eléctrico nacional se debe a la falta de mantenimiento y al “agotamiento estructural del modelo centralizado”.

En el caso específico de la frontera, el director del CIAP advirtió que, aunque existe el concepto de Zonas Económicas Especiales para promover la inversión, la realidad actual muestra un deterioro y una caída de la producción industrial cercana al 90 %. Para que estas zonas sean efectivas, Hernández sostuvo que deben estar acompañadas de políticas cambiarias y de financiamiento claras.

“No habrá ninguna posibilidad de que las regiones fronterizas ni ninguna otra del interior del país puedan gozar de estabilidad eléctrica, porque no hay recursos suficientes para el mantenimiento y la inversión que requieren esas estructuras. Estamos pagando el precio del abandono”, sentenció Hernández.

La descentralización como ruta

El especialista destacó que la centralización de servicios como el agua y la electricidad ha tenido un impacto negativo en la capacidad de las regiones para resolver sus problemas con recursos propios. Por lo que la descentralización se presenta no solo como una opción política, sino como una necesidad económica para reducir los costos operativos de las pequeñas y medianas empresas que intentan subsistir.

El futuro del país entre 2026 y 2030 parece estar atrapado entre la urgencia de un cambio estructural y la inercia de un modelo que, en palabras del propio Hernández, requiere de una “apertura total verificable” para poder concretar el bienestar de la población.