Ante las declaraciones del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, de que en la frontera con Venezuela hay varias fosas comunes y al menos 200 ciudadanos desaparecidos por este grupo irregular colombiano, el presidente de la Fundación El Amparo y director General del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, informó que a este número se le suman otros 300 ciudadanos que han desaparecido en trochas desde el año 2015 y de los cuales no hay investigación.

Márquez exhortó a los gobiernos de Venezuela y Colombia ampliar la Comisión Binacional nombrada para investigar lo declarado por Mancuso, con el objetivo de que exista participación consular, la presencia de familiares de las víctimas, además de funcionarios del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyas oficinas están en Caracas y Bogotá.

“Son graves las denuncias de que hay fosas comunes en San Antonio, Ureña, Boca de Grita, La Fría y San Cristóbal, con más de 200 cadáveres que fueron trasladados a este territorio, o que pudieron ser allí asesinados, mayoritariamente colombianos, pero no descartamos que haya venezolanos. Si sumamos a unos 300 desaparecidos que manejan ONG venezolanas de la época de las trochas, con la presencia del hampa común, de disidentes de las Farc y los elenos, del Tren de Aragua, todo eso puede sumar más de 500 víctimas de desaparecidos forzosos, que además de ser un crimen de lesa humanidad, es una gravísima violación de los derechos humanos que amerita una inmediata investigación y una respuesta para los familiares de las víctimas”, expresó Márquez.

Precisó que entre esa cifra de más de 500 desaparecidos hay migrantes, carretilleros, y ciudadanos que han sido asaltados cruzando las trochas de uno a otro lado de la frontera, en medio de siete años del cierre del paso por los puentes internacionales.

Walter Márquez destacó que no hay una estadística depurada, sino una mezcla de todo, porque en Venezuela y Colombia hay opacidad informativa respecto a los desaparecidos, por lo que insistió en que se requiere ampliar la auditoría de las víctimas a través de sus familiares que son sobrevivientes. “Hay corresponsabilidad de ambos estados por falta de acciones en la seguridad fronteriza”, afirmó.