Regional

¨Jueces tachirenses combaten todos los delitos económicos¨

12 de septiembre de 2018

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La Juez Rectora Ledy Yorley Pérez, dio a conocer las nuevas competencias de los jueces en materia del combate contra los delitos económicos.

La Juez Rectora y presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Ledy Yorley Pérez, informó que durante la reunión del “Comité de Alto Nivel del estado Táchira, para garantizar la soberanía alimentaria del pueblo, se definieron nuevas estrategias para combatir de manera eficiente los ilícitos económicos en la entidad.

Las declaraciones las emitió la autoridad regional en reunión con los generales de la Redi Táchira Manuel Bernal y comandante de la ZODI José Noroño, la fiscal  superior, Xiomara García, y los integrantes del protectorado del Táchira, Nellyber Lugo y Richard González, quienes realizaron una revisión exhaustiva de las acciones emprendidas por los entes del Estado, Sundde, FANB, órganos de justicia, y responsables de defender los derechos del pueblo y combatir los ilícitos económicos.

En este sentido, la máxima autoridad del Poder Judicial aseguró que  los jueces con competencia para conocer los casos vinculados a la comisión de delitos en materia económica, “están alertas para actuar de manera contundente, en el combate contra la especulación, el acaparamiento y la usura, haciendo letra viva las directrices del presidente Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno”.

Detalló  que luego de la reunión. emergieron nuevas propuestas, entre ellas, el protocolo a seguir para las incautaciones y disposiciones anticipadas de rubros y bienes por delitos económicos, la creación de centros de acopios con la finalidad de resguardar la mercancía confiscada, hasta que exista una decisión expedita por parte de los tribunales, tomando en consideración que  existen rubros perecederos. Y la realización de talleres sobre ilícitos económicos, dirigido a los organismos involucrados, donde tendrán una significativa participación los jueces y juezas.

Finalmente, garantizó la autoridad judicial  que todos los ciudadanos que han sido imputados como presuntos responsables de delitos en materia económica, se les ha asegurado el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. (PER)

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