La caraqueña Carmen Hurtado se ilusiona cada vez que alguien se aproxima a su improvisado puesto de venta de muñecos porque, con cada transacción, está más cerca de su sueño de tener casa propia, una meta casi imposible de alcanzar en Venezuela, donde, una persona que perciba el salario mínimo tardaría 4.000 años en poder acceder a una vivienda propia.

A sus 45 años, esta docente universitaria vive en la casa de un familiar en el deprimido barrio caraqueño de San José, más conocido por una historia de violencia y venganza cantada por un grupo de rap local que por alguna otra cosa, precisa una crónica de la agencia EFE, publicada por Yahoo.

«Menos de un dólar», dice con una sonrisa que esconde vergüenza se le pregunta sobre sus ingresos como profesora. Luego duda y hace cálculos mentales que, sin embargo, le regresan el mismo monto.

«Sí, (gano) menos de un dólar como docente», insiste.

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ONU explica que la pobreza extrema es medida por un ingreso diario inferior a 1,25 dólares estadounidenses.

Hurtado no está ni cerca de estos ingresos -reconoce- por cuanto vive bajo el umbral de la pobreza extrema pese a su empleo como docente universitaria.

Así, esta caraqueña necesita más de 4.000 años de ahorro continuo para comprar un viejo y modesto apartamento de unos 50.000 dólares en Caracas, una ciudad que no escapa a la crisis de servicios públicos que padece Venezuela.

Son, exactamente, 4.166 años de ahorro por un apartamento en el que no tendrá agua corriente la mayoría del tiempo, en el que el suministro de gas será irregular.

Es por ello que esta profesora universitaria busca «alternativas», como la venta de muñecos de tela que ella misma fabrica y que espera le permita completar sus ingresos mensuales.

Aunque, de igual manera, es poco lo que ha podido ahorrar en el último par de meses, cuando comenzó a vender muñecos y dictar talleres para enseñar a niños de escasos recursos a crear sus propios juguetes.

«Pero llegará el momento en que lo voy a lograr -comprar una casa propia-, claro que sí», dice esperanzada.

Arrimados sin remedio

Como auxiliar de farmacia, la venezolana Liz Orta gana unos 35 dólares mensuales, unos ingresos que le permiten sentirse, en algunos casos, «afortunada».

Afortunada porque cada mes tiene un dinero que le permite llevar alimentos a la casa de sus suegros, donde vive con su esposo y dos de sus tres hijos. Afortunada, también, porque no está desempleada, como muchos de sus vecinos y familiares.

Al igual que Hurtado, esta mujer de 39 años sueña con un casa propia donde vivir con su familia. Un techo al que llamar suyo. «Yo estoy en una asociación para (gestionar) viviendas, pero tengo ahí 20 años y todavía no me han dado respuesta de mi vivienda», dice Orta.

Sus ingresos apenas le alcanzan para comer, pero cuando se atreve a soñar, Orta se ve junto con su familia en un apartamento en Guarenas -una ciudad satélite cercana a Caracas- conocida como El Torreón.

«No tengo ni idea (de cuanto cuesta un apartamento ahí) porque sé que los ingresos no me van a alcanzar (para comprarlo) y ni siquiera me ocupo. ¿Para qué si no me alcanza?», señala.

Un agente inmobiliario que prefiere el anonimato le dice a EFE que los apartamentos de entre 20 y 30 años de antigüedad se venden por 25.000 dólares en esta zona.

Orta tendría que juntar todos sus ingresos mensuales durante más de 55 años para comprar la vivienda que tanto desea para su familia.

En comparación con la empresa imposible de Hurtado, Orta es una afortunada.

Un país sin crédito

Hace una década, el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) solía exhibir con orgullo datos de las varias decenas de millones de dólares que los bancos públicos y privados prestaban a los ciudadanos para comprar casas, vehículos o levantar pequeñas empresas.

El Gobierno establecía una cartera obligatoria que, en ocasiones, llevaba a la banca a ser quien propusiera a los ciudadanos créditos para el consumo, remodelar viviendas o hasta comprar casas.

Pero el crédito en Venezuela desapareció hace más de un lustro, cuando la crisis tomó forma y la inflación se elevó de forma exponencial.

Es por ello que ni Hurtado ni Orta recurren a la banca para comprar bienes inmuebles, como hacen los trabajadores de cualquier país del mundo.

Hurtado ríe cuando se le pregunta por la posibilidad de solicitar un crédito, y no solo porque sus ingresos podrían llevar a la banca a considerarla una cliente de riesgo, sino porque sabe que la herramienta no existe en Venezuela.

Con su tarjeta de crédito, que nunca lleva consigo porque no le permite comprar nada, no paga ni siquiera un café. Orta, entretanto, no ha pensado nunca en solicitar un crédito.

Ella cree que tendrá un no como respuesta, o que apenas recibirá un microcrédito que no la acercará a la meta de tener vivienda propia.

El economista Ángel Alvarado asegura que la alta inflación, un indicador que al que la oposición de Venezuela suele anteponer el prefijo «hiper», es el mayor de los males de la economía del país caribeño.

«No hay crédito por la hiperinflación», dice Alvarado en una conversación telefónica. «Cuando la hiperinflación existe ¿Quién ahorra? Nadie. Entonces ¿Quién puede pedir prestado? Nadie», agrega después de explicar que un crédito es un mecanismo a través del cual la banca pone en contacto a los ahorristas y los prestatarios.

Alvarado forma parte de una oficina de análisis económico que responde al líder opositor Juan Guaidó -a quien varios países reconocen como presidente interino de Venezuela- y que ubicó en 3.713 % la inflación de 2020, muy por encima de los 2.959,8 puntos que reportó el Banco Central.

«La hiperinflación es muy dañina porque acaba con el salario, con el consumo y también con el crédito», insiste el economista.

Con este panorama, señala, los más vulnerables no tienen opciones para cambiar sus realidades individuales en el corto o mediano plazo. Es por ello que algunos, como la profesora Hurtado, necesitan más de 4.000 años de trabajo para comprar una casa en Venezuela.

Con información de Banca y Negocios

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