Continúan la controversia y polémica en torno al funcionamiento del restaurante Plaza Campestre, ubicado en el parque Quinimarí, un lugar que ha abierto un gran debate que involucra a diferentes actores sociales, tales como comunidad, alcaldía y propietarios.

Luego de una reunión sostenida durante la mañana del miércoles en la sede del Concejo Municipal Bolivariano de San Cristóbal, a la que acudieron representantes de la Alcaldía, Cámara municipal, Defensoría del Pueblo y habitantes de las comunidades aledañas, se llegó a la determinación de abrir el proceso de revisión para la rescisión del contrato de Plaza Campestre.

Así lo dio a conocer el concejal Javier Flores, vicepresidente de la Cámara capitalina, quien dejó claro que la posición del Concejo Municipal Bolivariano de San Cristóbal, ante esta situación, no es otra sino la de “mediar” entre las partes para buscar soluciones, además de ponerse siempre de parte del pueblo.

Por ende, el director de Desarrollo Urbano de la Alcaldía, Arnoldo Buitrago, le exigió al burgomaestre, Gustavo Delgado, la rescisión del contrato de Plaza Campestre, debido a las diferentes irregularidades que el comercio comete, según él.

Informó Flores que este local comercial viola diferentes ordenanzas municipales, como es el caso de la venta “sin permiso” de bebidas alcohólicas, ruidos molestos y hasta altas horas de la noche, “entre otras faltas correspondientes a los permisos”.

Consecuencias de la inoperancia municipal

El edil responsabilizó directamente al alcalde, Gustavo Delgado, a quien calificó de “inoperante”, a la vez que indicó que la Cámara municipal estará vigilando el caso.

“Seguiremos haciendo seguimiento. Por una parte está la empresa, que exige respuesta a sus derechos, y la comunidad también, y por el otro está la alcaldía, que ahora, después de que todo está alborotado, que hay un problema grave y se está tornando crítico, sí quiere hacer correctivos”, sentenció.

Por ello, el vocero exhortó a Delgado a “estudiar las ordenanzas e instrumentos jurídicos”, alegando que los mismos fueron creados con el fin de establecer orden y finiquitos en la ciudad, “y de esta forma se evitarán problemas a futuro”.

“Esta es una situación crítica porque el alcalde, desde un primer momento, no hizo las cosas como debió haberlas hecho. Él, desde un principio, debió haber puesto a valer las ordenanzas del municipio San Cristóbal, al poder popular, el que tiene el ciudadano, que está por encima de todos, incluso del rango constitucional”, comentó Flores.

Aclaró la importancia de que el burgomaestre sancristobalense aplique los correctivos necesarios. “Es importante avanzar, pero asumiendo las consecuencias y siendo responsables ante esta situación, generada por la inoperancia e inobservancia de las ordenanzas municipales”.

Comunidades enfrentadas

A tanto ha llegado este problema, que uno de sus resultados fue conseguir la confrontación entre comunidades, pues hay quienes defienden la estancia de Plaza Campestre y también existen quienes la rechazan.

Consejos comunales y habitantes de los sectores aledaños se encuentran con opiniones divididas sobre el tema, lo que ha generado, sin duda alguna, malestar y conflicto en la parte alta de la ciudad.

Flores ve con “preocupación” esta situación, por lo que pone a la orden del pueblo la competencia del Concejo Municipal Bolivariano de San Cristóbal, recordando que los concejales están para “buscar soluciones oportunas”.

Favio Hernández