Humberto Contreras

La administración de la ciudad depende del alto grado de eficiencia con que el gobierno local sea capaz de recaudar los tributos. La idea es que la municipalidad cuente con los recursos necesarios para poder atender las responsabilidades que tiene, en los diferentes aspectos de la administración, pudiendo así satisfacer las aspiraciones de los habitantes y, sobre todo, de los contribuyentes, que, al final, son los que pagan las cargas.

El primer problema surge, dice Pietro Cennícola, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del estado Táchira, cuando los tributos, en sus diferentes tipos: impuesto, tasas y contribuciones, no guardan relación con el nivel de actividad económica de la ciudad, y se tornan desproporcionados, incluso onerosos, para quienes ejercen una actividad mercantil formal.

En el caso de San Cristóbal, señala Cennícola, la última imposición en materia tributaria se planteó en 2018 por iniciativa de la municipalidad, no concertada con el sector privado, sobre la cual, sin embargo, luego de discusiones, se llegó a un acuerdo que, con el tiempo, ha resultado poco satisfactorio, dice.

—Eso fue consecuencia, señala, del alto grado de informalidad que ha caracterizado el sistema económico de la ciudad, lo que ha hecho que la carga impositiva solo se reparta entre aquellos que tienen un negocio formalmente establecido. La situación se torna más injusta cuando notamos el avance de la desestructuración económica y de la informalidad a la que ha llegado la actividad comercial en San Cristóbal, como consecuencia de la situación país. 

Otro problema que agrava la situación, explica Cennícola, es que el Ejecutivo nacional, a través del Tribunal Supremo de Justicia, en agosto de 2020, decreta el anclaje del valor de los tributos municipales a la fluctuación del sistema Petro. Es como intentar apagar fuego con fuego, dice el dirigente empresarial.

—Lo oneroso de los impuestos en una economía incompetente, agravada con el concepto Petro como solución, explica, lejos de resolver el problema, más bien lo ha exagerado, debido al alto grado de insolvencia de la mayoría de contribuyentes, puesto de manifiesto en la mora fiscal, la merma de la contribución tributaria y, como consecuencia, la escasez de recursos para la administración.

—¿Qué solución tenemos?

—Si el sistema Petro funciona desde el decreto dictado referente a los tributos municipales, entonces se debería hacer lo imposible para lograr la estabilidad macroeconómica. De tal manera que los impuestos, tasas y contribuciones sean estables en el tiempo, afirma el empresario.

Lo segundo, añade Cennícola, es que la administración municipal haga un esfuerzo por ampliar la base de contribuyentes, formalizando hasta donde sea posible, a quienes hoy se benefician, pero no contribuyen.

Es una tarea nada fácil debido al estado de Economía de supervivencia. Si esto fuera posible, ya no sería para diluir las cargas individuales, pero al menos sí, para tener más recursos disponibles, e involucrar responsablemente a más habitantes en los gastos y costos del territorio en que viven. No es fácil, concluyó.