El proceso de revisión del Tag al que están convocados los conductores de más de 600 mil vehículos registrados en el Táchira, para actualizar el parque automotor y erradicar los dispositivos ilegales, podría extenderse a treinta días o más, de ser necesario, en las instalaciones militares que se han informado y se pudiesen sumar otros espacios por donde obligatoriamente circulan las unidades, como las estaciones de servicio, aclaró la legisladora Nellyver Lugo, miembro de la Mesa de Combustible en la entidad.
Lugo llamó a los usuarios a “mantener la calma y no repetir rumores”, ya que los primeros diez días del plan se plantearon para “determinar la capacidad de atención a las unidades” y reiteró que el horario de atención es de siete de la mañana a seis de la tarde.
—No entendemos por qué el día de ayer (miércoles) aparecieron colas en las diferentes instalaciones militares, como si se tratara de una jornada de un solo día o muy corta; el fin último de esta auditoría es hacerla imperceptible al usuario y que posean el cupo las personas que tienen su dispositivo legalmente -enfatizó la parlamentaria-.
“Esta misma actividad la hemos efectuado desde el mes de diciembre con el transporte público -acentuó- y es lo que nos ha permitido informar por diferentes medios de comunicación del bloqueo de busetas que, lamentablemente, no fueron a esas auditorías, para certificar que todos los TAG o chip que se han instalado en el estado no están en el bolsillo de alguien”, explicó Lugo.
—Buscamos que esta deformación, que nace una década después de instalado el Sistema de Automatización, pueda ser erradicada de manera inmediata; lo más importante es que los usuarios no acudan masivamente a la revisión, porque habrá un cronograma lo suficientemente amplio para hacer que esta jornada no afecte la tranquilidad o la agenda de los tachirenses
-detalló la parlamentaria-.
Recalcó Lugo que para los usuarios que tengan sus vehículos inmovilizados o en el taller quedarán habilitados los puntos del Siscom, en la Plaza de Toros, y quizás otros sitios, que informará posteriormente, para que puedan efectuar el chequeo respectivo.
Además recordó que las inspecciones en la plaza de toros y en la sede de la 25ª Brigada “arrojaron que cerca de mil busetas no acudieron a las mismas, lo que motivó que fueran bloqueados los TAG, porque pudimos constatar que, aunque no fueron a la revisión, sí aparecían surtiendo combustible”.
—El fin de esta auditoría, primero al transporte público y ahora con vehículos particulares y taxis, es eliminar absolutamente todos esos TAG que sabemos están en los bolsillos de algunos usuarios, que han hecho de este método quizás una de la mutaciones que más no han afectado en los últimos años, por la obsolescencia de ese censo que pudimos obtener hace poco más de diez años -enfatizó Lugo-.
Otro de los fines es la municipalización, vale decir, “poder identificar los carros con sus municipios de origen, entendiendo que vamos a una fase superior, donde las políticas emanadas de la Mesa de Combustible estarán altamente vinculadas a las propuestas que nazcan de cada municipio, a fin de que entendamos la corresponsabilidad, ya que el contrabando, la reventa de combustible y las colas no pueden ser responsabilidad de Pdvsa; reconocemos el esfuerzo del ministro y mayor general Quevedo, quien desde que asumió la cartera de Energía y Petróleo ha demostrado de manera audaz que con voluntad política podemos lograr objetivos que en otras gestiones no se pudieron materializar”.
Respecto al censo para los motorizados, indicó que buscará un método para evitar que el TAG lo mantengan en sus manos, porque lo prestan, alquilan o venden. “Vendrá un censo con alguna jornada de colocación del dispositivo; hemos hecho algunas propuestas que permitan que pueda colocarse en la carrocería de las motos, para evitar las desviaciones que observamos”.
“Es una pérdida de tiempo que obliguen al pueblo a revisar algo que nunca sirvió”
“Nos ofrecieron el TAG o chip, como lo quieran llamar, como la panacea y resultó ser la legalización del contrabando de gasolina; no ha servido para nada, después de diez años es que se dan cuenta de eso. Señores de Pdvsa y del Gobierno, en vez de mantener a los uniformados ‘matraqueando’ en las estaciones de servicio, mándenlos a cuidar la frontera; creemos que esa fulana revisión a los dispositivos, que también está en manos de los uniformados, es una pérdida de tiempo”, declaró el diputado por AD, Miguel Reyes.
Sostuvo que: “Esa es una medida improvisada y desorganizada, la gente ni sabe la documentación que piden, ni los sitios, y con sobradas razones la gente está molesta, porque la anuncian para decir que están haciendo algo a fin de contrarrestar el contrabando, pero le verdad es que no servirá para nada”.
“Estos señores se la pasan inventando trabas e instrumentos para el supuesto control de la corrupción, que se convierten en medidas más corruptas de las que supuestamente están combatiendo”, aseveró.
—Yo le recomendaría al general Yánez, jefe de la Zodi, que revise a lo interno de la Fuerza Armada y de Pdvsa, que son los que están facilitando esos chips y los venden al mejor postor de manera abierta, tanto aquí en San Cristóbal como en Ureña, San Antonio, Boca de Grita y en todas partes del Táchira, sin ningún tipo de control y con el visto bueno de los funcionarios de la Guardia Nacional y los jerarcas de Pdvsa también, y lo hemos denunciado infinidad de veces -recalcó el diputado adeco-.
“Les hemos señalado a los funcionarios responsables de cometer delitos, con nombre y apellido, y nunca han hecho absolutamente nada, y al final quien paga la inoperancia, la corrupción de todas las medidas tomadas por el Gobierno nacional con respecto al contrabando de extracción de alimentos, medicinas y combustible, es el pueblo, al que estrangulan, vejan y arrinconan”, ratificó Miguel Reyes.
Leidy Zafra