La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) admitió una denuncia y pasó al análisis de fondo, contra la Alcaldía del municipio San Cristóbal, en el estado Táchira – Venezuela, la cual fue interpuesta por la comerciante Andrea Ramírez y su familia, quien alega graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad al ser destruido el negocio de venta de alimentos que los sostenía económicamente en el Terminal de Pasajeros de la capital tachirense.

Andrea Ramírez recordó que el restaurante fue destruido, violando el debido proceso con atropellos y tratos inhumanos, lo que, la forzó a buscar refugio fuera de Venezuela junto a su esposo e hijo.

“La CIDH ha notificado a la Cancillería Venezolana en dos ocasiones sobre la admisión del caso. El Estado venezolano dispone de cuatro meses para presentar su respuesta. De no obtener una respuesta satisfactoria, el expediente podría ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica”, explicó.

El caso, que inicialmente fue presentado ante la Fiscalía del Ministerio Público y los tribunales del estado Táchira, ha sido elevado a instancias internacionales tras alegaciones de manipulación procesal y falta de debido proceso en el ámbito nacional.

Precisó Ramírez que el expediente penal relacionado con este caso se encuentra en un recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el cual busca la revisión debido a vicios procesales e irregularidades.

Andrea Ramírez ha solicitado que se determine la responsabilidad del Estado venezolano y de los individuos involucrados en estos hechos, incluyendo a Mario Izarra, quien se desempeñaba como síndico procurador y actualmente es director de secretaría del despacho del gobernante municipal. También se ha señalado la responsabilidad jerárquica de Juan Rodolfo Martínez, director general de la alcaldía, y del alcalde Silfredo Zambrano, por presunta omisión en la supervisión de esta situación.

Este caso también fue remitido a la Oficina de Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI), a la Fiscalía y a la Sala de Apelaciones de dicho organismo judicial, que le asignó un número de expediente dentro de la investigación denominada Venezuela I, que se adelanta por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.