Nancy Porras

El principal factor que ocasiona la crisis del sector eléctrico no es la sequía, advirtió Mauricio Pernía.

Todos los ministerios se subordinaron al decreto de emergencia, hecho que en el fondo perseguía el Gobierno.

“El colapso del sistema eléctrico tiene en sus bases y fundamentos el mal manejo de los recursos públicos y la manera en que nosotros tenemos nuestra cotidianidad, cómo nosotros desenvolvemos cada día nuestra realidad con la deficiencia eléctrica, que está sustentada en políticas públicas destinadas a que la realidad actual sea la que está impuesta”.

La apreciación corresponde a Mauricio Pernía, invitado por la Comisión Anticorrupción, plataforma que agrupa un importante número de sociedades civiles en el Táchira y en Venezuela, para poder compartir con la comunidad y los estudiantes el impacto que ha tenido la corrupción en el sistema eléctrico.

—De manera tal que -dijo-, aun existiendo planes, recursos, creación de ministerios, dotación de declaraciones de emergencia, la energía eléctrica sigue siendo el gran factor que lesiona los derechos humanos del venezolano y particularmente a quienes viven en la provincia.

Se buscar poder compartir con las comunidades, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, cómo desde las políticas públicas se lesionó este sistema y padecemos lo que vivimos hoy.

“El problema se presenta en un conjunto de decisiones que llevaron a que al dinero se le perdiera el control, la declaratoria de emergencia permite que haya decisiones que se suponen son necesarias, veloces y estas carecieron del control necesario”, enfatizó Mauricio Pernía.

Indicó al mismo tiempo que hoy en día lo que padece la sociedad venezolana es derivado directamente de esta realidad del sistema eléctrico.

—Con respecto a las propuestas planteadas para recuperar el sistema eléctrico en Venezuela, hoy sostenemos que no hay competidores y es el Estado el gran proveedor del servicio, el que tiene los bienes, los equipos, la normativa; privilegia la presencia del Estado, y quizá se necesita un régimen competitivo en el sector, en las etapas del mismo, en la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía, hasta que finalmente llegue al usuario; que haya la posibilidad de que en estos segmentos pueda haber competencia en el sector privado, que puede entonces generar una mayor forma de control.

Recordó que “la emergencia eléctrica era por 60 días, luego se impusieron racionamientos, luego declararon días no laborables en Semana Santa, dicho con mucha algarabía; también hablaron del fenómeno El Niño, y luego prorrogan este decreto 59 días, después de que había vencido, es decir, durante este período se hicieron compras, adquisiciones, contratos, viajes, investigaciones, concursos públicos, sustentados en una emergencia que no existía, y esto fue gravísimo”.

“Todo esto trae la consolidación de una vuelta, un retorno, del Estado como prestador de servicio, y esto tiene mucho sentido cuando uno empieza a ver la crisis”, concluyó.