En sesión ordinaria del Concejo Municipal de Junín se aprobó, por unanimidad de los seis concejales de la Unidad, ya que el edil del PPT, Adonay Suárez, se retiró en medio del debate, el acuerdo N° 026 del 2018, a proposición del concejal de Copei, Danny Carrillo, en rechazo a la convocatoria de elecciones presidenciales realizada por la Asamblea Nacional Constituyente y fijadas por el Consejo Nacional Electoral.

A través de un boletín de prensa, el legislador municipal indicó que propuso este acuerdo porque “es un clamor popular rechazar el adelanto de las elecciones, porque no se hace mediante un acuerdo político entre la oposición y el Gobierno, además de ser convocadas por un cuerpo que carece de legitimidad de origen, como la Asamblea Constituyente, y regida por un organismo parcializado y sin credibilidad, como el Consejo Nacional Electoral”, dijo.

Resaltó el concejal Carrillo que el Concejo Municipal es un órgano político-legislativo que no puede estar de espaldas al ser y sentir de los ciudadanos de su municipio, por lo que expresó que “el pueblo de Junín y el venezolano en general tienen vocación electoral y democrática, que creen en el voto como la más poderosa herramienta de expresión popular para la transformación social y política, pero exigen que cualquier elección debe ser celebrada ajustada a derecho, con suficientes garantías y sin ningún tipo de ventajismos de algún candidato, autoritarismos ni parcialidades por parte del ente rector electoral, por lo que el problema de estas elecciones no radica en quién es el candidato, ni siquiera si son o no unas megaelecciones, sino de cuáles son las condiciones para participar y confiar en sus resultados”, indicó.

El representante municipal de Copei aseveró que no hay garantías ni condiciones para unas elecciones libres y justas, porque “tenemos centenares de presos políticos, líderes inhabilitados arbitrariamente, partidos políticos invalidados, una autoridad electoral bajo el control del Gobierno, acompañantes internacionales parcializados al régimen, millones de venezolanos en el extranjero, sin poder acceder al registro electoral, poco tiempo para hacer campaña, no hay control ni límites en el uso de los recursos financieros y comunicacionales por parte del Gobierno”.