El presidente de la Comisión de Desarrollo Vial y Transporte Urbano del Concejo Municipal capitalino, Jesús Salcedo, aseguró que los concejales en pleno rechazan el monto decretado por aumento de pasaje en el municipio y están constatando que se haya cumplido los procedimientos establecidos en la ordenanza para decretar dicho incremento.

—Ese decreto lo estamos sustentando; y a través del Concejo Municipal de San Cristóbal, los nueve concejales rechazamos un aumento de esta magnitud. Entendemos que hay una situación económica pero jamás puede haber un incremento municipal por encima del incremento nacional- subrayó.

En este sentido, le hizo “un llamado a la conciencia a la ciudadana alcaldesa”, porque no es posible que a nivel nacional hayan decretado un aumento de 30 por ciento y el transporte público haya aumentado 100 por ciento y hasta 300 por ciento hacia otros municipios.

—Que me digan cómo hace una persona para cancelar esto-preguntó el edil-, considerando que una persona que vive fuera del municipio (Capacho, Palmira, Cordero) y trabaja hacia la zona alta de la ciudad, estaría pagando entre 5 y 6 mil bolívares diarios en pasaje; y en caso de tener hijos estudiando, pagarían al menos tres mil bolívares más, lo cual no equivale a lo que el ciudadano está ganando hoy por un día laborable.

“Si el ciudadano paga pasaje, no come; si camina, lo atracan; y si no va a trabajar, con qué se gana la plata”, reiteró Salcedo, aseverando que el ciudadano de a pie no es el que tiene que pagar las consecuencias de la crisis de los transportistas, quienes automáticamente deberían acudir al Gobierno nacional a exigirle la dotación de repuestos, a través de la Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira (Cobiserta), en vez de seguir “reventando el bolsillo” a los sancristobalenses.

Asimismo, el edil por Proyecto Venezuela dijo que no es posible se sigan violentando las ordenanzas, no solo por parte del Ejecutivo municipal, que no cumplió con el análisis técnico de costos ni las consultas públicas del procedimiento establecido en el reglamento, sino por parte de los transportistas, que obligan a las personas de la tercera edad y discapacitados a cancelar el pasaje dentro del municipio, “cuando la ordenanza claramente los exonera”. (AM)