El Comité Independiente de Activos y Pensionados de la Administración pública del Táchira convoca a una reunión con carácter de urgencia, para este miércoles 19 de febrero, en la sede del Consejo Legislativo de San Cristóbal, a partir de las 9:00 a.m.

La asamblea busca sumar voluntades para exigir al Gobierno que tome las medidas pertinentes y garantice, en términos económicos y jurídicos enmarcados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la protección del salario y las prestaciones sociales, no solo de los trabajadores sino de los pensionados de la Administración pública.

Néstor Campos, miembro del Comité, señaló que la crisis actual del país trajo como consecuencia la gesta de un movimiento a nivel nacional, que busca introducir un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de restablecer los principios y garantías de la clase trabajadora.

“Hasta el 2012, el salario mínimo del gremio laboral equivalía a unos 300 dólares, pero desde ese momento, hasta la actualidad, se ha venido retrocediendo en la defensa del salario, incluso de las prestaciones sociales”, aseguró Campos.

Explicó que el Estado ha impulsado un conjunto de políticas económicas para proteger al sector empresarial, a través del desarrollo de créditos no retornables, flexibilización de las leyes de créditos y tributos, liberación de precios para dinamizar la economía y la dolarización dentro de este sector.

“Pero a la clase trabajadora la han dejado desamparada, pues no han adoptado medidas de protección para el salario de los trabajadores, al extremo que cuando se estableció la reconversión monetaria, las prestaciones de los trabajadores se esfumaron al eliminarle cinco ceros. Un jubilado público no devenga siquiera dos millones de bolívares. Se trata del pago por el esfuerzo de toda su vida. 30 años de servicio y no le alcanza ni para pagar una canasta alimentaria básica, ni siquiera para una semana”, criticó.

Aseguró, además, que estas acciones parten desde el principio de la progresividad de los derechos laborales, establecida en el artículo 91 de la CRBV, lo cual está siendo “desconocido”.  (Rosecny Zambrano)