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“Cortes de electricidad son una violación a los derechos humanos”

26 de febrero de 2024

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En el caso venezolano, el Estado decidió estatizar toda la actividad del sector eléctrico. La estatizó haciendo públicas las pocas empresas privadas del sector, y aquellas independientes que existieron, como Cadela, Enelven, Enelco, las concentró en una sola Corporación Eléctrica Nacional

De interés…

* 2007: Se estatiza la electricidad

* 29 de abril de 2008 se presentó una falla que dejó el 50 % del país sin electricidad.

* 22 de julio de 2008 hubo otro apagón en gran parte del país.

* 2008: En los meses de septiembre, octubre, noviembre hubo apagones.

* 2009: En agosto, se quedan sin electricidad nueve estados, y empiezan a surgir suspensiones no programadas, ahora llamado Administración de Carga.

José Luis Guerrero S.

Mauricio Pernía Reyes es abogado, profesor universitario, defensor de los derechos humanos; integra la ONG Transparencia Venezuela. él informa sobre la relación de los servicios públicos domiciliarios y los derechos humanos. Cómo el Estado -entiéndase el gobierno del presidente Nicolás Maduro- asume la prestación del suministro de electricidad, del agua potable, de comunicaciones, y no cumple como lo establecen las leyes, afectando la vida y el normal desenvolvimiento de todas las personas.

— ¿Qué son los servicios públicos?

— Los servicios públicos son actividades prestacionales, de dar o de hacer, en el que el Estado asume la obligación. El ciudadano está en la condición de solicitar que se cumplan porque hay una obligación del Estado, entonces hay un derecho del ciudadano para recibir ese servicio. La palabra “servicio público” es muy amplia. Es todo aquello que el Estado ha señalado que lo va a hacer de manera propia y se va a obligar a prestar, como es: La educación, la fuerza armada, la red de bibliotecas públicas, los tribunales de justicia, los registros, todos son servicios públicos. Sin embargo, hay otra categoría que impacta en la cotidianidad del ciudadano, que son los servicios públicos domiciliarios.

— ¿Qué son servicios públicos domiciliarios?

— Son aquellos que el ciudadano espera tener en su casa, en la empresa, en el lugar de trabajo. Un conjunto de servicios públicos destinados a la energía eléctrica, agua potable, comunicación, recolección de desechos sólidos, gas doméstico. Se pueden incluir el combustible diésel y gasoil, así como los cementerios.

— ¿Cómo definir o cómo entender qué es un servicio público y servicio público domiciliario?

— Es aquello que nosotros no podemos dotarnos nosotros mismos.  No podemos dotarnos el agua potable en nuestras casas, tampoco la electricidad, entonces el Estado lo asume con la obligación de permanentemente prestarlos, de manera no interrumpida, universal, para que todos los ciudadanos tengan su día a día en igualdad de oportunidades, en todos los sectores sociales.

 — ¿Es entonces una responsabilidad del Estado, todo lo relacionado con servicios públicos y servicios públicos domiciliarios?

— Sí, es prestacional, como lo señala la Constitución Nacional. Eso significa que es un hacer, y ese hacer significa que cuando lo declaro servicio público, tengo una consecuencia inmediata: Excluyo al ciudadano para que no pueda prestar el servicio sin la autorización del Estado, sin que el Estado lo habilite. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, las concesiones o habilitaciones del espectro radioeléctrico, así ocurre para la telefonía digital con las cadenas ya conocidas.

— ¿El Estado asume el control total de la mayoría de los servicios públicos?

— En el caso de Venezuela, el Estado se reservó la actividad como es el servicio de energía eléctrica. Durante muchos años la Electricidad de Caracas fue privada, hasta que se estatiza en el año 2007; Cantv nace privada, luego publica, pasa a privada y ahora es otra vez pública, la maneja el Estado. 

— ¿Cómo están vinculados los servicios públicos a los derechos humanos?

— Muy vinculados, porque la mayoría de ellos, si no todos, constituyen la materia prima para poder gozar de los derechos humanos. Por ejemplo, el servicio público de agua potable, es el Estado que presta el servicio público y todas las actividades administrativas, recursos materiales, humanos, presupuestarios, para que el agua sea potabilizada y llegue al consumo de las personas. Materialmente debe hacer que el agua llegue del punto a al punto b, a las residencias. Ese es el servicio público, pero el derecho a que llegue es humano; entonces, todo servicio público está vinculado a un derecho humano, eso significa que el Estado debe proveerme de este servicio. Cuando vemos que es derecho humano y servicio público, significa que el Estado tiene la obligación de dar y de hacer.

— ¿Entonces es muy importante el impacto que tienen los servicios públicos en los derechos humanos?

— Por ejemplo, los servicios públicos vinculados o que son necesarios para desarrollar otros derechos humanos, un caso concreto es la energía eléctrica, es el elemento material indispensable para que se desarrollen otros derechos humanos. No podemos imaginar el derecho a la información sin electricidad, el derecho a la salud, las intervenciones quirúrgicas sin electricidad; el derecho a la educación, el derecho al trabajo sin electricidad, y más básico aún, la refrigeración de alimentos sin electricidad, la conservación de medicamentos específicos bajo cierta temperatura sin electricidad y vemos derecho a la salud vinculado a la electricidad. Pero imaginemos que vivimos en lugares donde se necesite bombas para el uso del agua potable, y si no hay electricidad, no hay agua.

La electricidad dejó de ser un lujo hace muchos años y es hoy día una condición material indispensable para gozar de otros derechos. Como es una condición material, yo lo elevo a la condición de derecho humano para que se exija su cumplimiento a través de la necesidad humana, en el que me privo yo de otros derechos si no tengo la electricidad.

— ¿Qué pasó en nuestro país con las empresas de electricidad?

— En el caso venezolano, el Estado decidió estatizar toda la actividad. La estatizó haciendo públicas las pocas empresas privadas del sector, y aquellas independientes que existieron, como Cadela, Enelven, Enelco, las concentró en una sola Corporación Eléctrica Nacional.

En el 2007 se estatiza la electricidad y el 29 de abril de 2008 se presentó una falla que dejó el 50 % del país sin electricidad. El 22 de julio de 2008 hubo otro apagón en gran parte del país, en los meses de septiembre, octubre, noviembre hubo apagones. En agosto de 2009 se quedan sin electricidad nueve estados, y empiezan a surgir suspensiones no programadas, ahora llamado Administración de Carga, que para el ciudadano no son programadas, nosotros no tenemos la programación y si se llega a tener, en la mayoría de casos no se cumple.

— ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno ante estos apagones?

— Estos acontecimientos crean una condición para que mediante la Gaceta Oficial 39.294 del 28 de octubre de 2009, se decrete la crisis eléctrica y se reformule la institucionalidad dedicada a eso. Existía un Ministerio de Energía y Minas que tenía una dirección de Energía Eléctrica, una de Petróleo y una de Minería; se crea el ministerio de Energía Eléctrica, un rango con más recursos, personal especializado, que se pueda mejorar el servicio, pero eso no ocurre. Desde 2009 se hicieron continuas declaraciones de emergencia eléctrica, se empiezan a hacer los grandes contratos de actualización de la capacidad instalada y de aumento de la capacidad instalada, actualizar y crear nuevas obras de infraestructura para la energía eléctrica… estos contratos en ninguno de los casos avanzaron, pero las erogaciones de recursos sí se dieron. Al final no hubo nada de megavatios. En todo el territorio nacional se evidencia la falta de transparencia, control, gobierno abierto e impunidad por no verificar que estén en funcionamiento nuevos megavatios a los ciudadanos con las inversiones hechas. Todo ocurre antes de las sanciones del departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

— ¿Cómo vincular esta realidad con los derechos humanos, con nuestra vida?

— Vincular esto con la cotidianidad tiene varias cosas que ofrecer con los derechos humanos. Venezuela y el mundo han suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y este dispone en su artículo 11 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia. Significa desde mis propias condiciones que el Estado pone las condiciones básicas y cada persona mediante el libre desarrollo de su personalidad crecerá con unas condiciones básicas para que no haya diferencia sectores privilegiados y otros que no lo son. Pero el protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos económicos sociales y culturales de San Salvador, consagra el derecho a toda persona a contar con los servicios públicos básicos, se considera el presupuesto necesario para disfrutar los derechos humanos para tener servicios públicos. No puedo comenzar a tener derechos humanos sin servicios básicos.

— ¿Puede explicar con un ejemplo?

— Veamos, el derecho a la vida requiere un sistema de salud completo para evitar de que una apendicitis termine con fallecimiento porque no dispongo de la electricidad suficiente para alimentar el servicio sanitario, y además que sea continuo, no interrumpido, que el personal médico no esté preocupado porque no haya luz. Es decir, que todo funcione. Cada vez que hay limitación de los megavatios que se ofrecen a público, al mismo tiempo se reducen nuestros derechos.

— Usted maneja el término electromancia. ¿Qué es eso?

— La electromancia es una condición de todos los tachirenses en la que presentimos o de manera intuitiva que si la luz se va a determinada hora podemos calcular a qué hora llega, y en consecuencia ese espacio lo destinamos a otra actividad. Se vive con la zozobra de cuándo se tiene, cuándo se va, y no arranco a mis oficios hasta que llegue la luz.

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