Por 2385 bs depositan Bonocontra la Guerra Económica
22 de enero de 2025
Lupe Esperanza Rodríguez ha llevado su caso ante altas instancias judiciales de la región
Freddy Omar Durán
Con la documentación de propiedad debida, y como lo ha avalado ante la justicia regional, Lupe Esperanza Rodríguez ha hecho valer su derecho sobre un fundo ubicado en el sector El Tampacal, entre Monte Carmelo y Cordero, que denunció no solo ha sido invadido, sino que los responsables de tal irregularidad contraatacaron a través de una demanda, amparada por una carta agraria, que el propio INTI declaró irrita.
En un documento dirigido ante la Juez Rectora del estado Táchira, Yorley Pérez, y del cual ella ha dado recibo y expresado lectura ajena, se expone una historia que parecería absurda, si no es porque ella se sustenta en extraños manejos que han tenido en el estado las cartas agrarias, y que extraoficialmente se conoció ha dado pie a la revisión de al menos 1.500 de las mismas en el estado.
El aprovechamiento de esos terrenos de media hectárea, con el fiel cumplimiento a las normas ambientales, en actividades agrícolas enfocadas en el café, la caña de azúcar, el cacao, la chirimoya, entre otras especies, que venía haciendo desde alrededor del año 1992, cuando adquirió como consta en acta notarial el dominio denominado Villa Génesis, tuvo que ser abruptamente interrumpido, por culpa del covid-19, que puso en peligro su salud y la obligó al confinamiento.
A su regreso se encontró con la desagradable sorpresa no solo del acontecer de lo que ella denomina “invasión”, sino de la destrucción de lo que había sembrado, del humilde rancho allí levantado, y de la ilegal explotación de la madera sobre árboles de cedro y caoba que hasta ese momento habían sido respetados, tal y como lo ordena la ley. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando se enteró que sobre su propiedad se había expedido una carta agraria, misma que el señalado como “invasor” alegó para sustentar una demanda contra la señora, que con sus 72 años pudo proceder al desalojo de aquel.
Como declaró alguien que la acompañó al momento de la denuncia ante los medios de comunicación, versado en el área legal, tal carta agraria tomó alrededor de 15 días su expedición, cuando por lo general su demora se extiende a un año o más.
Por tal motivo se dirigió a la sede del INTI Táchira, cuyo director atendió el caso, verificó la irregularidad del documento expedido desde esa oficina, ordenó la inspección de tierras y le reconocieron el título de propiedad de la señora Hernández.
Y aún así, la demanda ha seguido su curso alegándose “perturbación en la posesión” con la supuesta intención de desalojarla de allí. Identificó al demandante como vecino del sector y negó cualquier tipo de trato con esa persona. Pero en vista que, en su concepto, el procedimiento judicial adolece de fallas, y en el cual se habría incluso dispuesto la asignación de un tercero para administrar el terreno distinto a ella o su familia, ha acogido de su derecho a la impugnación y ha recurrido a la Juez Rectora, a la cual se le dirigió un oficio donde se detalla el lío jurídico.
La señora Rodríguez se quejó del gran daño ecocida sufrido por su unidad productiva al secarse alrededor de 18 árboles y secados otros 17, amén de que denunció venta ilegal de parte de sus predios, con cobros de varios millones de pesos, que le va a obligar una revisión de sus linderos, parte de los cuales, según la denunciante, han sido desplazados subrepticiamente.
Para adquirir ese terreno como propio en 1992, Lupe Esperanza Rodríguez contó que tuvo que pasar por una serie de malas rachas económicas, que incluso le costaron la pérdida de una casa. Por tal motivo ella no está dispuesta a más despojos, y lucha para llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.
Antes se dedicaba a la peluquería. Ahora retirada quiere volver a sacarle provecho a su fundo, en lo que para el mismo debe ser explotado, es decir, la producción agrícola, y considera que los oscuros intereses que acechan a su propiedad solo buscan la ilegal extracción de madera, y al respecto pide la atención sobre el caso de parte del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo e Inparques.
Gobernador Villamizar decretó emergencia social y económica
22 de enero de 2025
