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26 de noviembre de 2024
“El Consejo de la Judicatura destituyó el pasado viernes, 19 de marzo, a la jueza A. Bernal Colmenares, quien ejercía el cargo de jueza de Primera Instancia en lo Penal del Táchira, en Función de Juicio Número Uno, contra quien la Inspectoría de Tribunales del estado solicitó su remoción en virtud de errores inexcusables cometidos en el ejercicio de su cargo y graves hechos de corrupción judicial”.
La información fue ofrecida por el historiador Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y defensor de los derechos humanos, quien la semana pasada denunció públicamente a la jueza, acompañado de la señora Cándida Lozano viuda de Romón, Amparo, Carmen y Yurabi Romón Lozano, madre y hermanas, respectivamente, de José Gregorio Romón Lozano, quien falleció el 26 de septiembre de 2007 por una mala praxis médica en una cirugía de manga gástrica, intervención quirúrgica realizada en un centro privado del Táchira por el médico Sánchez Méndez.
Detalló Walter Márquez que en este caso se cometieron graves irregularidades, “en primer lugar, una dilación indebida, ya que el proceso lleva más de 13 años y no se ha dictado sentencia; en segundo lugar, la actuación de la jueza Bernal C., el 19 de junio de 2020, que calificó como inexcusable, por cuanto anuló la medida de homicidio doloso que se había dictado contra el médico, con su respectiva limitación de salida del país”.
—Debemos recordar –dijo Márquez- que el 19 de junio de 2020 la jueza recibió el caso y ese mismo día decidió el expediente, anulando las decisiones del juez octavo de Control de Primera Instancia en lo Penal, hecho muy grave porque la jueza no tenía facultad para revocar la decisión de un juez de la misma categoría y, en segundo lugar, porque los tribunales estaban paralizados por una resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por la pandemia del covid-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estas graves irregularidades, dijo Márquez Rondón – en boletín de prensa-, cometidas por la jueza, llevaron a que la familia Romón Lozano hiciera la denuncia ante la Inspectoría de Tribunales del Táchira, la cual de manera diligente investigó el caso y le solicitó al Consejo de la Judicatura la remoción de la jueza, decisión que fue acordada el viernes pasado, agregó Márquez.
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