Humberto Contreras

A lo largo del año 2015, según datos de Amnistía Internacional, fueron ejecutadas (/aplicación oficial de la pena de muerte) 1.634 personas. En los últimos 25 años, es el número más alto de personas afectadas por la condena, pese a que el estudio, no incluye datos de China, considerado el principal país ejecutor en el mundo, aunque se ignora la cifra real de muertes, pues este dato se considera secreto de estado.

En esa triste clasificación, le siguen Irán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos, en este orden.

Sin embargo, pese a los datos de 2015, hay otros aspectos que se consideran positivos en la lucha contra la abolición de la pena de muerte. Al respecto, la organización Amnistía Internacional señala que el número de condenas a muerte, sentenciadas en 2022, ha descendido respecto a 2014. Pero actualmente hay 20.292 personas condenadas.

Otra buena nota, es que, por primera vez, más de la mitad de los países del mundo han abolido por completo el fatal castigo. Ahora hay 140 estados abolicionistas. Los últimos países en acabar con la pena de muerte han sido Madagascar, Fiji, Suriman y la República del Congo.

Día Mundial contra la Pena de Muerte

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó en 1984 las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte.

Desde el año 2003, el 10 de octubre es la fecha escogida para visibilizar la lucha contra las ejecuciones. Se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte, cuyo objetivo es la abolición universal de este tipo de castigo.

Es una iniciativa impulsada por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, organismo que agrupa a las organizaciones abolicionistas que buscan erradicar totalmente esta pena de los sistemas judiciales de cada nación.

En función de la defensa del derecho universal a la vida, se conmemora este día con la esperanza de que la justicia y las normas legales se adecuen a su protección.

El derecho a la vida es el derecho que está por sobre todos los demás derechos. La pena de muerte obviamente contradice total y absolutamente el concepto de este derecho básico. En términos jurídicos, algunos lo han definido como un grave delito, que penaliza otro delito.

Desde principios del decenio de 1960, aunque en la mayoría de los países todavía se aplicaba la pena capital, en tiempos en que se redactaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya se había iniciado las gestiones encaminadas a obtener su abolición en el marco del derecho internacional.

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó en 1984 las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte. Y en 1989, 33 años después de la aprobación del Pacto Internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Segundo Protocolo Facultativo del mencionado Pacto, que dio un nuevo y decisivo impulso al movimiento de abolición.

Actualmente más de 160 Estados Miembros de las Naciones Unidas cuentan con una amplia gama de sistemas jurídicos, culturas y tradiciones religiosas, y han abolido la pena de muerte o no la ponen en práctica. Sin embargo, en muchos países todavía se aplica este castigo.