La Fundación Redes consignó ante la Defensoría del Pueblo una denuncia en contra del Estado venezolano por su responsabilidad directa en la emergencia humanitaria que viven docentes activos y jubilados que padecen diferentes patologías, quienes debido a la escasez y a la falta de políticas públicas no tienen la posibilidad de adquirir los medicamentos permanentes que requieren, situación que ha causado el fallecimiento de varios agremiados y otros se mantienen en riesgo de morir.

Ángel Molina, directivo de ésta organización pro defensa  de Derechos Humanos y miembro del Colegio de Profesores de Venezuela, explicó mediante una nota de prensa, que esta acción es el resultado del trabajo de documentación que Fundaredes y el CPV han venido desarrollando a través de un  censo sobre el acceso de medicamentos dentro del gremio docente.

“De acuerdo con el censo realizando en los estados Táchira, Zulia y Apure existen unos 30 mil docentes aproximadamente entre activos, jubilados y pensionados en situación de emergencia en cuanto al acceso a los medicamentos, sólo en la entidad andina la cantidad es de 12 mil educadores, mientras que en el Zulia la cantidad se eleva 14 mil y en el estado Apure más de 3 mil”, afirmó Molina.

Exigimos – continuó- a la Defensoría del Pueblo que realice las acciones pertinentes y se activen los mecanismos necesarios para que se abra el canal humanitario que permita garantizar la salud no sólo de los docentes, sino de la ciudadanía en general

”Hacemos responsable al presidente de la república por lo que pueda ocurrir  en los próximos días referente a la  salud de los docentes activos y jubilados, que día a día ven con angustia como van mermando sus condiciones sin que se tomen medidas para solucionar la crisis que se vive en cuanto a la escasez y ausencia de medicinas”, aseguró Molina.

Afirmó que lamentablemente muchos docente han muerto gracias a la incapacidad del gobierno nacional de dar respuesta a la falta de medicinas y a la indiferencia de instancias como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Republica, las cuales tienen el deber de velar por el bienestar de los ciudadanos.