Ante la solicitud realizada el pasado martes por diputados del Consejo Legislativo Estadal –CLE-, en el sentido de que Conatel y el Ministerio Público investiguen a medios de comunicación digitales y cuentas  de redes sociales informativas por  la publicación de imágenes del caso del joven Rufo, de 16 años de edad, quien quedó sin visión después de que un efectivo de la Policía del Táchira le disparara en el rostro, el diputado jubilado a la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación  El Amparo, Walter Márquez, indicó que lo que buscan es ocultar el caso, por lo que emprenderá acciones internacionales.

Precisó que elevará el caso al relator de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- para la Libertad de Expresión y Opinión, y al relator de la Organización de Estados Americanos –OEA-para la Libertad de Expresión y Opinión, para que investiguen la persecución contra los medios y periodistas del Táchira.

“La persecución contra los medios y los periodistas tachirenses la rechazamos categóricamente, porque  pareciera que es un ataque sistemático para reducir la libertad democrática en el Táchira y en el país. Hay interés en que se oculte la verdad de lo que ocurrió con el joven  Rufo Parada, quien perdió su visión en un ataque a mansalva por parte de funcionarios policiales, cuya responsabilidad se extiende incluso al comandante de la unidad, al director de Politáchira, porque de acuerdo al artículo 28 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, es el superior jerárquico quien tiene responsabilidad, por omisión o por no haber prevenido que estos hechos  ocurrieran”, dijo.

Márquez le  exige al Consejo Legislativo del Táchira que, “en vez de perseguir portales web y en vez de solicitarle a Conatel y al Ministerio Público que se activen para violar la  libertad de expresión y la libertad de opinión por las publicaciones realizadas de un caso que es notorio y comunicacional, investiguen al comandante de la Policía y a todos los policías que  participaron en el operativo, que pidan reparaciones e indemnizaciones para los familiares y para la propia víctima, porque de por vida quedará con una discapacidad que amerita la indemnización del Estado, a través de un subsidio social permanente”.