El chofer puso en neutro el autobús, uno de esos largos y viejos que abusan de su vida útil en las rutas de San Cristóbal, y se paró al lado de su asiento para dirigirse a la masa humana, aglutinada, de casi 40 personas paradas en la línea central entre los casi 50 asientos, ocupados, por supuesto:

— Estoy esperando que las dos señoras que no me han pagado la diferencia, me den lo que falta. ¡Hasta que no me paguen, no arranco!

Se refería el hombre a que dos damas, una de ellas tercera edad, solo le había abonado 5 mil bolívares, precio oficial del pasaje urbano en la ciudad, pero que, sin mediar explicaciones, en casi todas las unidades que recorren diariamente la ciudad, unas incluso sin control de ruta, están cobrando diez mil. El doble.

–Mire, la señora de chaqueta negra, págueme los cinco mil que faltan, espetó el hombre, de nuevo, aún parado, oteando las personas paradas entre él y la señora, que apenas refunfuñaba mientras buscaba los billeticos en el bolso.

Esta escena sucede a diario en las unidades de transporte en la ciudad. Hay una tarifa oficial, que fue establecida por un acuerdo dado, sellado y firmado, como se dice, supuestamente entre caballeros: Uno, el ciudadano alcalde en representación de la comunidad de San Cristóbal. Del pueblo, pues. Y del otro lado, dirigentes del sindicato que representa a los transportistas.

— Uno supone, decía un pasajero de la unidad que nos ocupa, que cuando los del sindicato firman el acuerdo, es porque ellos, que son conocedores de los problemas del transporte, entienden que ese precio es por lo menos, razonable. Por eso firman. Entonces ¿porqué los choferes aumentan el pasaje a motu proprio, como si ellos fuesen la autoridad? 

El maltrato habitual de los conductores a los pasajeros, en particular a las personas de tercera edad, ha generado escenas dentro de las unidades que muestran el grave problema de tensión social que vivimos los venezolanos.

Cuando otro chofer le reclamaba a un tercera edad que le diera la mitad faltante, el anciano, con razón, y fuerza, se negaba. Esgrimiendo el argumento de que el pasaje cuesta cinco mil bolívares, y que el acuerdo habla de medio pasaje o pasaje gratis para los “viejitos”, aseguró que no pagaría los cinco mil restantes. “Te estoy pagando cinco mil, cuando debería pagarte 2 mil 500 ¡Vas ganando! Le dijo y le dio la espalda para irse a la parte trasera de la unidad.

El conductor, ofuscado, apagó la buseta, y gritando dijo que no se movía hasta que no le pagara. Entonces un pasajero, apurado, le gritó: “Yo te pago la diferencia vale, pero arranca! Le pagó y la camioneta continuó la ruta.

Entonces quedan los comentarios entre los pasajeros, unos a favor del anciano, cuestionando el tratamiento  y falta de respeto que aplican unos conductores. Ojo, no son todos. “¿Será que ese señor no tiene padre?” “¿Le gustaría que otro conductor se los tratara igual?”

Y otros a favor del conductor: “Bueno, hay que entenderlos, los pobres trabajan prestando un servicio. Y diez mil bolívares ya no es nada! Ni un refresco!”

Lo que les da la gana

Esta escena ocurrió a mediados de julio cundo aún la alcaldía no había aprobado la tarifa de diez mil bolívares. Entonces, se hacía el comentario de que si la alcaldía aprobaba ese precio, los buseteros empezarían a cobrar quince mil, para repetir el escenario. De hecho, ya está ocurriendo con algunos vivarachos.

Por eso, la mayoría de usuarios del transporte, es decir, el verdadero ciudadano de a pié, está percibiendo cómo los transportistas hacen lo que les da la gana, y no solo con el cobro ilegal del pasaje. Eso ya es comentario generalizado entre los usuarios.

–A veces ves cómo desde el Terminal, unidades de la Línea 21 de Mayo, que tiene su ruta centro-Palo Gordo, van full de pasajeros llevando gente solo para el centro, dice un compañero de travesía desde Palo Gordo hasta el Hospital Central, en una camioneta de la Unidad Vecinal.

Y otro agrega: “He visto carros de Circunvalación y Circunversa, directo por el centro para el Sambil, ruta que se les ha convertido en una minita”. Y así sucesivamente, mientras sus rutas legales están abandonadas, con la gente desplazándose a pié, a toda hora.   

¿Y la alcaldía?

No hay que olvidar que el transporte público de pasajeros es una responsabilidad propia de las alcaldías, una responsabilidad del municipio, que han convertido para la facilitación del mismo, en una concesión.

La alcaldía es dueña de la concesión, o sea, el pueblo, y los transportistas, con sus unidades, prestan el servicio, a cambio por supuesto del valor del pasaje que es fijado por previos acuerdos entre ellos y la alcaldía. Y a veces, cuando se acuerdan, de los comités de usuarios.

Pero averiguando sobre la falta de acción municipal, fuentes confiables de la alcaldía nos dijeron que el ente no tiene recurso humano para controlar esa situación. Mucho personal, más de doscientas personas, ha renunciado. No hay fiscales, es la respuesta.

Incluso sugería que los comités de usuarios de las comunidades o los consejos comunales, pueden intervenir y ayudar, formalizando denuncias sobre las unidades que no prestan el servicio correctamente, o que cometen abusos, bien identificadas. Pueden denunciarlas por escrito a la alcaldía. Podría ser una forma de respuesta de la comunidad a las irregularidades en el transporte urbano.

Y conste que no hemos tocado el tema de los que abandonan su ruta legal, para llevar pasajeros a la frontera.

Pero con todo y eso, el tachirense siempre da muestras de su cordialidad. Pese a los malos tratos, se puede escuchar cada vez que se bajan pasajeros de la unidad, frases como “Muchas gracias, señor”, “Que Dios le pague”, “Que tenga un buen día”, y muchas otras similares en su intención.

Humberto Contreras

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