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Regional
Familiares de los 33 desaparecidos del bote Ana María exigen respuestas
16 de mayo de 2020
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Este 16 de mayo de 2020 se cumple un año del naufragio de la embarcación Ana María, en la cual desaparecieron 33 venezolanos luego de zarpar desde el muelle La Playita en Güiria estado Sucre, y posteriormente ser víctimas de un supuesto naufragio del cual nunca se encontró algún indicio.
Sobre el paradero de los 33 pasajeros de la lancha Ana María no hay pistas. Las escasas labores de búsqueda que se desarrollaron, cesaron un par de días después y el Estado venezolano nunca se ocupó de adelantar una investigación seria sobre este caso. Las averiguaciones de los familiares dan cuenta de que pudieron ser vendidos a una red de tráfico de personas que opera en las costas venezolanas.
Así lo revela Jeyson Gutiérrez, hermano de Kelly Zambrano, una tachirense a quien le ofrecieron un supuesto trabajo en Trinidad y Tobago. Una conocida de la joven, de nombre Romy María Martínez le aseguró que se encargaría de los gastos del viaje y del hospedaje en Güiria, además de tenerle coordinado el empleo que lucía prometedor.
La pesadilla de la familia de Kelly Zambrano, al igual que la de los otros 32 desaparecidos comenzó aquel día y un año después aún no termina, pues luego de dirigirse a todas las instancias posibles dentro de Venezuela, no han recibido respuestas.
Estas personas forman parte de la migración forzada que se ha registrado en Venezuela, en la que ante la precariedad y la emergencia humanitaria compleja, los ciudadanos prefieren lanzarse a altamar en estos viajes rodeados de ilegalidad, en botes pesqueros sin las más mínimas medidas, arriesgando su integridad en busca de condiciones dignas y terminan en manos de delincuentes que operan ante el silencio y la inacción del Estado.
Oswaldo Cáceres, gerente general de FundaRedes recordó que cerca de 4,7 millones de venezolanos han huido de la crisis humanitaria compleja en Venezuela de distintas formas, una de ellas a través de embarcaciones ilegales zarpando desde las costas venezolanas.
Informó Cáceres que desde esta organización defensora de Derechos Humanos, han documentado la presencia de grupos armados irregulares y bandas organizadas en diversos estados venezolanos, entre ellos Sucre y Falcón, donde además se presume la participación de funcionarios de los organismos de seguridad.
Al respecto Cáceres detalló: «nuestro proceso de documentación da cuenta de una posible red de bandas delincuenciales que se dedican a trata de blancas, explotación infantil y de mujeres, entre otras formas de esclavitud moderna. A la fecha hemos documentado al menos 4 embarcaciones desaparecidas con un aproximado de 150 pasajeros».
Indicó el vocero que en FundaRedes han dado acompañamiento a los familiares de las víctimas, los han asesorado para acudir ante organismos nacionales e internacionales entre ellos Fiscalía General de la República, la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, así como la audiencia en la visita in loco de la CIDH a Cúcuta para conocer del caso venezolano, y al 175 período de sesiones de la CIDH en Haití el 5 de marzo en la audiencia de Emergencia Humanitaria Compleja a donde llevaron también los casos de estas víctimas.
Reiteró que desde FundaRedes una vez más se exhorta al estado venezolano a que dé respuestas a estas personas, pues no se ha visto voluntad política ni jurídica de esclarecer los casos.
“El Estado debe velar porque se establezcan los enlaces diplomáticos con el gobierno de Trinidad y Tobago así como con otros gobiernos para que, en virtud de lo establecido en las leyes y los tratados internacionales en derechos humanos, se abra una investigación seria que permita dar con el paradero de tantos venezolanos desaparecidos” dijo Oswaldo Cáceres.
Además se instó a que se tomen todas las acciones contempladas en las leyes, a fin de que se frene de una vez por todas la operatividad de estos grupos armados irregulares, quienes actúan con operadores en buena parte del territorio nacional y trafican con la vida de los ciudadanos, lo cual constituye una vulneración a los derechos humanos. (Prensa FundaRedes)
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