Entre 15 y 20 mil niños, adolescentes y jóvenes, son usados por los grupos irregulares armados en actividades ilícitas en la zona de frontera, así lo denunció Gerardo Rincón, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de FundaRedes, quien exigió a la Defensoría del Pueblo que se vele por la integridad de la infancia que se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Rincón, acompañado por miembros de FundaRedes, explicó que el año escolar comenzó con la elevada cifra de 87 % de deserción de las aulas, que se suma a la crisis económica, la falta de infraestructura escolar y recreación, atención médica y la destrucción de miles de familias, producto de la diáspora venezolana, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que vive el país y que ha dejado a la infancia en estado de abandono y desprotección, haciéndola presa fácil de las organizaciones criminales.

En tal sentido, detalló Gerardo Rincón que los datos recabados por el Observatorio de Derechos Humanos revelan que los niños comienzan percibiendo un ingreso por trabajar como carretilleros, caleteros, entre otros oficios, pero son captados por grupos irregulares a través de ofertas engañosas o de dinero, y los infantes, ante la necesidad de alimentarse ellos y sus hermanos, optan por incurrir en delitos como el contrabando, narcotráfico o en cualquier otra actividad al servicio de las organizaciones armadas, mientras que, en el caso de las niñas y adolescentes, hasta ofrecen su cuerpo a cambio de recursos económicos.

“Se trata de una situación muy delicada, que nos arruga el corazón, porque son nuestros niños, quienes se están iniciando a su temprana edad en estos actos ilícitos, al servicio de organizaciones criminales en la frontera, sin que el Estado haga algo para reinsertarlos en la escuela, que es el lugar donde realmente deberían estar”, advirtió Gerardo Rincón, al referirse a la situación que ocurre entre Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia).

La denuncia, presentada ante la Defensoría del Pueblo en Táchira, señala que: “estamos en presencia de una serie de hechos que afectan seriamente el libre desarrollo de la personalidad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que distorsiona su proceso de formación, constituye un grave peligro para el futuro de la nación, todo derivado de la ausencia del Estado en su deber de garantizar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes el derecho a una educación de calidad, que junto al trabajo sea soporte del desarrollo de la patria soberana”.

Al respecto, FundaRederes le solicitó a la Defensoría del Pueblo del estado Táchira que, frente a estos hechos públicos, garantice los derechos consagrados en el artículo 103° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 7°, 8° y 53° de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como también el artículo 32° de la Ley Orgánica del Trabajador, los trabajadores y las trabajadoras.