El procurador general del estado, Julio César Hernández, aseguró que  el Gobierno nacional, como interventor de la Policía del Táchira, debe responder por la actuación desmedida que mostraron sus efectivos al momento de dispersar la protesta por falta de gas, el pasado 1 de julio, escenificada por los vecinos  en el municipio Cárdenas, donde resultó gravemente afectado el joven Rufo Chacón, a quien le causaron lesiones en sus ojos, dejándolo completamente ciego.

Explicó Hernández que, motivado a una actuación contraria a la Ley Orgánica del Servicio del Policía, de normas y estándares que rigen el comportamiento de los uniformados en manifestaciones públicas, dos funcionarios, ya detenidos, produjeron una serie de violaciones  que comprometen la responsabilidad civil de Politáchira.

“El Gobierno nacional, responsable de las órdenes y distribución policial, queda comprometido legalmente a procurar la indemnización al joven  Rufo Chacón, pues se han dado los supuestos de hecho y derechos para que así ocurra”, sentenció Julio César Hernández.

Por tal razón -aseveró-,  la Procuraduría del estado Táchira, como representante de los intereses económicos del estado, hace el llamado a dicha institución para que, en la brevedad posible, inicie los trámites que cubran los gastos médicos y psicológicos del joven, afectado de por vida, producto del impacto de 52 perdigones en su rostro.

Señaló que en vista de que el general Jesús Arteaga, a cargo de Politáchira, reconoció que hubo violación a los derechos humanos, en la protesta por gas doméstico en la autopista San Cristóbal- La Fría, “no es suficiente que los responsables de este hecho queden puestos a órdenes de la autoridad judicial, sino que reparen económicamente a Rufo Chacón”.

Finalmente, el procurador exhortó a la autoridad policial a que verifique nuevamente el cumplimiento de los estándares en el desempeño policial, con la intención de que haya un respeto a la vida, a la integridad física y emocional de los ciudadanos.