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22 de noviembre de 2024
Elizabeth Caballero intentó poner la denuncia ante organismos del Estado, pero siente que no fue atendida debidamente
Freddy Omar Durán
Elizabeth Caballero Cano, residente en Vega de Aza, al sur de San Cristóbal, mujer gestante de 5 meses, no solo fue víctima de un delito informático al ser hackeada su cuenta de Whatsapp, con el cual se alcanzó a estafar a uno de sus familiares, sino que se quedó en la perplejidad de haber intentado poner la denuncia por los organismos encargados y no ser correctamente orientados por los mismos, a la hora de establecerla.
Su tragedia comenzó el pasado sábado 25 de marzo luego de recibir una llamada, que según decía venía de parte de un operador de la empresa Digitel.
— En la llamada me decían que iban a actualizar mis datos para actualizarme para la plataforma 5G, y me ofrecían que me iban a enviar un código para verificar que era el número correcto. Sin malicia y sin percatarme de todo lo que estaba pasando, le indique el código que me llegó. Automáticamente mi WhatsApp se desaparece de mi teléfono y de inmediato empiezan a escribirles a todos mis contactos que estoy vendiendo dólares a una tasa muy baja –afirmó Cano.
Con apenas las referencias de otros casos que habían ocurrido, procedió a notificarle a los allegados y conocidos del robo de su cuenta, por sus redes sociales; y como a través de los medios de comunicación había escuchado en reiteradas ocasiones a muchos funcionarios policiales y de justicia la necesidad de hacer la denuncia ante el CICPC y la Fiscalía, ella procedió a hacer lo propio. Pero siente, como denunciante, que en la atención de este tipo de delitos no se ofrece la información pertinente, ni se le da la importancia suficiente de su gravedad.
— Por un lado en el CICPC me dicen que la que tiene que colocar la denuncia es la persona que ha sido víctima de estafa con el número que me fue hackeado, y no yo. En Fiscalía, me exigieron que yo misma tenía que redactar la denuncia e incorporar las pruebas, cuando siento que los funcionarios de ese despacho debieron tomar directamente mi denuncia. Y yo les digo que cómo es posible que ellos siendo el ente al que uno se debe dirigir, como uno se lo ha escuchado al Fiscal General de la República y a los ministros, le ponen trabas a uno. Yo sé leer y escribir pero yo no sé cómo redactar una denuncia, y tengo 5 meses de embarazo y se me dificulta ir a un cyber– denunció Cano.
Los estafadores han alcanzado a timar a una prima suya, quien el domingo apareció en casa de la señora Cano reclamando 200 dólares que supuestamente le habían vendido. Al haber hecho la transferencia por Bancolombia, le ha tocado ir hasta el territorio colombiano para ver si podía recuperar su dinero, sin resultado alguno hasta ahora. A otras personas, los estafadores incitaban a cancelar a través de pago móvil.
Hace un llamado al colectivo para que no caiga en esos engaños y verifiquen muy bien quién les pide sus datos con falsas ofertas, pues eso trae para el usuario grandes traumas -por no decir a los allegados que caen en la trampa- así logren a tiempo alertar sobre el uso indebido de sus cuentas en las redes sociales.
Cano siente que hasta los momentos ella ha sido la detective y la fiscal del caso, y no ha detenido sus indagaciones que la han llevado a concluir que los estafadores podrían residir en Barinas o Puerto Ordaz, aunque ella considera que en realidad no le corresponde dar con los delincuentes y menos ponerlos en manos de la justicia, pues a otros entes con más conocimientos en la materia y autoridad se les ha asignado la responsabilidad, la operatividad y la idoneidad.
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